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Como una vieja pesadilla, la Agenda 19 volvió a la palestra la semana pasada. Lo hizo con el refuerzo de la defensa que tendrá el Gobierno en los casos en los que se enfrenta con la empresa privada por la limitación de la tercerización, que como parte de dicha agenda el gobierno anterior estableció a través de un decreto supremo.
Para el olvido quedó nuestra esperanzadora portada de inicios de enero, en la que el primer ministro de Trabajo de la era de Dina Boluarte, Eduardo García, decía: “La Agenda 19 no es vista por esta gestión como el derrotero a seguir”. No es la línea de su sucesor, Luis Adrianzén, quien anunció una partida adicional para la Procuraduría de la cartera, que le permitirá pasar de 16 a 26 abogados asignados a estos casos, en lo que constituye un pésimo augurio.
Aunque siempre es así, cuesta creer que nuestras autoridades pongan sus intereses políticos por encima del bien común. La posición del gobierno no se entiende de otro modo: entrar en razón como en muchos casos, no es popular. Veamos.
El anterior gobierno no puso a consulta los puntos de la Agenda 19 en el Consejo Nacional de Trabajo, con los trabajadores y las empresas, por lo que carecen de legitimidad, y en su momento la OIT le pidió a la exministra Betssy Chávez que retome el “diálogo social efectivo”, en línea con los compromisos internacionales del país. La tercerización no es el cuco y para la OIT lo importante no es el mecanismo en sí como dijo su directora regional, Claudia Coenjaerts, sino “mantener derechos y un trabajo decente” en este contexto.
El gobierno bien podía derogar la norma, dijo Jorge Toyama, de Vinatea y Toyama. Y lo razonable era, por lo menos, hacerle modificaciones, dijo Percy Alache, de PwC. En agosto del 2022, Indecopi declaró el asunto como una barrera burocrática ilegal.
Pero en marzo se echó para atrás, hasta que se resuelvan los casos al respecto en el Poder Judicial. Para celebración del ministro Adrianzén, ahí van con ventaja, pues 24 de las 30 acciones de amparo resueltas de las 443 presentadas van a favor del ministerio. En su camino hasta la Corte Suprema, a la que las empresas, los gremios y las personas llegarán con sus apelaciones, tenemos para uno o tres años. Y, así, mantendremos vigente una incertidumbre a la que el ministro Adrianzén le ha dado categoría de batalla personal.
El contexto es claro: el empleo que en la formalidad es un privilegio en el Perú a la vez que no se recupera, se precariza luego de la pandemia. En Lima, el empleo adecuado aumentó en 14.8% en el trimestre móvil de noviembre del 2022 a enero del 2023, en comparación con el mismo periodo anterior, pero es 8% menos frente a lo que ocurría en el primer año del Covid-19. A la par, hay 45 mil limeños subempleados más, que trabajan sobre las 35 horas a la semana y ganan menos del sueldo mínimo.
No ayudan, sin duda, el contexto de convulsión social, la crisis política sin freno ni el ciclón Yaku y sus efectos, en el aliento a la inversión privada, que se mantiene a la espera de tiempos mejores. Y el populismo pegado con babas que hereda este gobierno solo desalienta más.
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