Con el nuevo alcance de las redes sociales, se pueden desarrollar campañas de difusión de los costos que ofrecen las diferentes entidades financieras. (Foto: iStock)
Con el nuevo alcance de las redes sociales, se pueden desarrollar campañas de difusión de los costos que ofrecen las diferentes entidades financieras. (Foto: iStock)

Economista, PAD- Escuela de Dirección de la Universidad de Piura

, más allá de la coyuntura, para buscar fortalecer nuestro frente fiscal. En la misma dirección, ahora reseñaremos, brevemente, algunas acciones con la intención de apuntalar la competencia y reducción del costo del crédito en condiciones de mercado. Tarea difícil, pero no imposible. ¿Qué debemos hacer? Una muestra de las acciones a tomar y evaluar transitaría por lo siguiente:

Primero, promover aceleradamente la entrada de entidades financieras de primer orden en el marco de la Alianza del Pacífico. Trabajando coordinadamente un programa de armonización de instrumentación monetaria y estandarización de regulación bancaria en la región, abriríamos acceso a que nuestra banca pueda insertarse en un mercado más amplio, a la vez que se facilitaría la presencia en el Perú de entidades del nivel de Bancolombia, Banorte de México o el mismo Banco de Chile. Solo esto, para empezar, le imprimiría un mayor sesgo competitivo a nuestro mercado induciendo a la mejora en la calidad de servicio y propensión a la baja del costo del crédito.

Segundo, liderar la difusión mucho más agresiva de las tasas de interés comparadas para los principales productos financieros que ofrece el mercado. Esto generó excelentes resultados a favor del usuario en el periodo 2002-07. Hoy prácticamente se desactivó y camufló. Sin embargo, a diferencia de antes, ahora se dispone, además de los medios tradicionales en la prensa, de medios electrónicos, y con el nuevo alcance de las redes sociales, se pueden desarrollar campañas agresivas y exitosas de difusión de los costos que ofrecen las diferentes entidades financieras para ciertos productos básicos de financiamiento. La demanda de financiamiento favorecería a las entidades que ofrecen menor costo, y esto induciría, por simple competencia, a reducirlo en aquellas que se encuentran desalineadas. Más transparencia, más competencia, más eficiencia.

Tercero, se hace urgente extender la obligatoriedad de marcar precios difundiendo las tasas y cuotas mensuales del costo efectivo total por todo concepto. Hoy el regulador prohíbe un tipo de comisión y el regulado crea diez en su lugar. A partir de esta propuesta, dejaría de tener importancia el nivel, número y costo de las comisiones y se fomentaría una real competencia a partir del precio final del producto, como debe ser en cualquier mercado que se precie de tal. Claro está que esta posibilidad es abierta para créditos bajo el sistema de cuotas, en principio.

Cuarto, debe incentivarse la posibilidad de ofrecer créditos bajo nuevos esquemas de servicio de deuda y que amplifiquen el portafolio de productos crediticios a favor del usuario. Por ejemplo, un programa de cuotas de amortización del principal constantes a favor de las personas naturales, como sucede en diferentes mercados alrededor del mundo. En el Perú esto es, curiosamente, casi una carencia. Lo que hoy prima en nuestro país es el sistema de cuotas crecientes que comprometen, inicialmente, una limitada amortización del principal, poniendo en clara desventaja al usuario que desea ejecutar un prepago. Las microfinancieras deberían dar el primer paso en este sentido.

“Adelantarse a los problemas y actuar proactivamente es lo mejor en materia de política financiera y bancaria. No hacerlo, será sinónimo de crisis”.


Quinto, aplicar un nuevo esquema para subastar fondos y depósitos del sector público en las entidades financieras. Cuando las entidades públicas canalizan parte de sus depósitos a la banca, no solo les debe interesar maximizar el retorno de los mismos con el menor riesgo posible; eso es natural y entendible. También deben canalizarlos generando incentivos a la competencia y la reducción del costo del crédito. Por ejemplo, uno de los elementos a considerar en las subastas de fondos públicos es el compromiso de la entidad financiera beneficiaria, a trasladar el menor costo a favor de, por ejemplo, las empresas MYPE. Esto no es imposible lograr, en el corto plazo y sin generar distorsiones o intervenciones extremas en el mercado.

Sexto, aplicar un programa de sustitución parcial del fondeo de los créditos orientados al sector MYPE o RETAIL. Se podría, temporal y excepcionalmente, en el marco del covid, crear un fondo a favor de entidades financieras para que puedan ejecutar la precancelación de un segmento de los créditos de sus clientes con bajo perfil de riesgo y fuerte potencial de deterioro en el marco del covid. Todo esto a cambio de trasladar los beneficios de costo, plazo y condiciones de repago de deuda al usuario final. Este esquema induciría claramente a la reducción del costo del crédito sin necesidad de un aval del Estado, evitaría incrementar la deuda de los prestatarios y deteriorar el riesgo de cartera. En este caso, el riesgo frente a la entidad proveedora de los recursos lo asumiría directa y totalmente el intermediario, hasta por un monto acotado equivalente a su patrimonio, siempre que este disponga de buena calificación crediticia.

Estas acciones deberían ser evaluadas y, de ser necesario, enriquecidas a efectos de ejecutarlas lo antes posible por el actual o el futuro Gobierno. Una vez que los flujos de caja del empresariado se vuelvan a contraer por el confinamiento o extinción del impacto del programa Reactiva Perú, será urgente darle al frente productivo un nuevo segundo respiro. Competencia, transparencia y calidad de servicio deben ser la bandera de nuestra banca hoy. Adelantarse a los problemas y actuar proactivamente es lo mejor en materia de política financiera y bancaria. No hacerlo, será sinónimo de crisis.