Urge un salvataje de protección social por la crisis

Hoy casi cuatro millones de peruanos (22.5% de la PEA) están siendo impactados directamente por la ola de bloqueos de carreteras, paralizaciones y disturbios, situación que pronto cumplirá dos meses. Estamos ante un impacto que puede ser incluso más fuerte que en el COVID-19. En aquella ocasión, la parte más dura de las restricciones (inmovilización total) duró 30 días e impactó en un 25% de las empresas y aproximadamente en el 20% de peruanos, que no pudo tener ingresos ese mes. Sin embargo, durante el COVID-19, el Gobierno otorgó subsidios, préstamos, permitió retiros de las AFP, las CTS, suspensiones laborales, entre otras. En el COVID-19 hubo actividades económicas que inclusive tuvieron mayores ingresos o no sufrieron grave impacto como las relacionadas a la salud, servicios públicos o el sector de alimentos.

Ahora, la situación es más grave pues en las zonas de emergencia, y en muchos lugares, prácticamente todo está paralizado. Hay zonas donde solo trabajan los hospitales y algunos servicios esenciales, pero mercados, fábricas y transporte de productos de primera necesidad, bancos, etc. están cerrados por temor a actos de violencia. En estas semanas críticas, donde lamentablemente la pérdida mayor son los compatriotas fallecidos, el impacto es muy grande en las actividades económicas. Para el turismo, hoteles, restaurantes y entretenimiento en general, el impacto es demoledor. También para los agricultores que no pueden vender sus productos, las galerías comerciales y ambulantes, los mototaxistas, trabajadores de minas y sus proveedores grandes y pequeños (como el vendedor de golosinas del paradero o el lavador de autos). Pero el impacto no es solo en las zonas declaradas en emergencia, afecta también a los transportistas atrapados que simplemente no pueden “hacer ruta” y a los choferes de las empresas de transportes de valores (no hay cash) o del transporte de combustibles (hay racionamiento en los grifos).

Quizá quienes estén sufriendo algo menos sean los trabajadores en planillas, con protección social, pero los informales sufren el impacto mayor. Mientras que la informalidad nacional es de 76.8%, en Puno, Cuzco o Apurímac llega al 90% (INEI). No hay ahorros, CTS o AFP que retirar. No existen vacaciones remuneradas ni adelantadas. La chance para acudir a un préstamo o negociar una reducción de sueldos no existe. Tampoco hay posibilidad de ir a Essalud porque no tienen seguro. Los trabajadores estables que no pueden laborar han adelantado sus vacaciones o están con licencias compensables, pero ya se están agotando. Y entre un 50% a 60% de trabajadores formales con contratos temporales no han visto renovados sus contratos en las regiones impactadas. Su liquidación de beneficios ya casi se esfumó.

Si la situación actual continúa, las empresas entrarán a nuevas suspensiones laborales sin goce de haber, porque ya tienen casi dos meses cerradas sin obtener ingresos ya que no pueden abrir. Para un grupo importante de empresas, la campaña navideña fue un desastre. Para otros, la campaña escolar podría también caerse. Hay empresas que están por implementar cierres temporales o hasta ceses colectivos: si no logran cerrar sedes, tiendas o unidades de producción, corren el grave riesgo de cerrar a toda la compañía.

Medidas hasta ahora

A pesar de la situación descrita, el Gobierno no ha tomado ninguna medida relevante en materia laboral y de prestaciones sociales. Ni para trabajadores ni para empresas, que están abandonadas a su suerte. Por los disturbios y paros, un trabajador despedido no puede acreditar si su cese fue arbitrario; no existe autoridad. En un mes más, la familia de un trabajador no podrá atenderse en el seguro porque se le agotó el periodo de carencia de su último empleo formal. Sin ingresos ni auxilios, miles de trabajadores se trasladan a otras zonas donde buscan trabajo. Pero tampoco hay. La agroexportación, que contrata a miles de trabajadores, sufre la violencia y opera parcialmente porque sus productos no pueden ser transportados.

Es urgente que el Estado emita medidas de emergencia para reducir el impacto de esta crisis en los trabajadores, sus familias y en las empresas, muchas de ellas mypes. Hay un gran abanico de posibilidades: préstamos sin intereses o a muy bajo costo, postergaciones de pago de impuestos, atenciones en entidades privadas costeadas por el Estado, subsidios de emergencia, suspensiones perfectas con adelantos de beneficios sociales truncos y conservación del seguro, atenciones por el SIS universales, etc.

La situación es crítica. Las salidas políticas y la búsqueda de la seguridad y tranquilidad de los peruanos efectivamente son urgentes, pero no menos prioritarias que la salud, la alimentación y las condiciones mínimas de vida para millones de peruanos que están sufriendo. Sobrevivieron a una pandemia. No hay certeza qué pasará esta vez. Un salvataje de protección social es muy urgente señora presidente, señores congresistas.

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