La agenda del quinquenio laboral

En medio de la crisis sanitaria, social, económica y, en la recta final del proceso electoral, nuestro país requiere de planes de acción inmediatos para atender el desempleo que se ha duplicado, la informalidad creciente, los menores sueldos y la poca cobertura social. ¿Hacia dónde se deben orientar las políticas laborales? ¿Cómo promover el equilibrio laboral?

La primera pregunta es: ¿El país necesita un Estado fuerte? Sí, pero para atacar a la informalidad laboral y la baja cultura por la seguridad social. Con más de 70% de informalidad y una tasa tan baja de personas aseguradas (no superamos el 30%), los esfuerzos deberían dirigirse a realizar fiscalizaciones de orientación en sectores informales, así como generar ventajas e incentivos (asistencia técnica, clústeres, préstamos, preferencia en la contratación pública, etc.) para potenciar la formalidad.

Dentro de la formalidad, la gran empresa tiene una informalidad laboral del 20% y debería ser cero. Pero el Estado debería focalizar su actividad ahí donde está la mayor informalidad: microempresas, sectores de servicios y comercio, así como zonas rurales.

El Gobierno debería generar mecanismos para que las empresas globales y multilatinas inviertan en el Perú y seamos la sede central de sus operaciones regionales. El Perú compite con otros países por tener el mejor clima para que fábricas, centros de servicios compartidos y oficinas corporativas se localicen en nuestro país. Colombia, Panamá, Costa Rica y Chile nos llevan la delantera. Nos estamos quedando, solo hemos llegado a atraer call centers.

¿El Estado puede ser el gran empleador con estatizaciones y mucha regulación? No. En la casi totalidad de países, el sector privado sostiene e impulsa al empleo y la productividad. El Estado regula, promueve y fiscaliza, pero no acapara los empleos, hay libertad de contratación, así como también un fomento para la contratación de colectivos usualmente afectados en el mercado como jóvenes, adultos previos a la jubilación, mujeres o discapacidad.

El Gobierno debería, de un lado, regular los abusos monopólicos, promover la ética y el buen gobierno corporativo, sancionar ejemplarmente, buscando empresas con propósito, comprometidas socialmente. De otro, debería proteger, asistir y fomentar la sostenibilidad de los emprendedores, las microempresas, pequeños negocios y los independientes. Por ejemplo, en el sector agrario, la regulación está pensada para la gran empresa con mayores beneficios, contrataciones preferentes y negociaciones colectivas, pero no hay la misma prioridad para las unidades microagrarias que requieren otra cosa: subsidios, apoyo técnico, cadenas comerciales, préstamos blandos, compras públicas, etc.

Esperamos que los equipos técnicos de los partidos se focalicen en lo que más necesita el país y nuestro voto sea para quien presente el mejor plan que, en lo laboral, apunte a lograr más trabajadores asegurados y empresas más productivas.