Escribe: Carlos Gallardo Torres, gerente general del IPE.
Este año varias empresas cumplen 30 años de creación o inicio de operaciones en el Perú. No es fortuito. El periodo 1992-1996 fue el más intenso en privatizaciones (cerca de 110) y de las 16 principales según su monto de venta, nueve ocurrieron en 1994 e incluyen a los sectores de telecomunicaciones, minería, electricidad, industria y finanzas. Así, el mayor valor por operaciones de venta de empresas públicas se dio en ese año (US$ 7,200 millones) y la inversión privada creció más de 39% en términos reales, la tasa más alta en los últimos 50 años. Eso impulsó el crecimiento del PBI en más de 12%. El desarrollo de instituciones, el fortalecimiento de los equipos técnicos y la promulgación de normativa para fomentar la inversión privada – incluida la Constitución, que estableció el rol subsidiario del Estado – fueron acciones gravitantes para ello.
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En un estudio que será próximamente publicado, “Contribución de las telecomunicaciones al desarrollo económico y social del Perú, 1994-2024″, el IPE da cuenta de los cambios regulatorios que transformaron al sector al impulsar la llegada de la inversión privada y la adopción de nuevas tecnologías. Esta evolución tampoco ha sido fortuita.
En términos económicos para el país, gracias al flujo de inversión privada en telecomunicaciones que alcanzó cerca de US$ 20 mil millones en las últimas dos décadas, la contribución del sector al PBI se triplicó y superó el 5% en el 2023. Esto impactó positivamente en el bolsillo del ciudadano, por ejemplo, a través de una reducción de las tarifas promedio de telefonía móvil e internet, que en los últimos 10 años cayeron 85% y 98%, respectivamente. Eso es algo que no se ha observado en otros sectores regulados como el agua o la electricidad.
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Pero no solo lo hizo en el bolsillo del ciudadano, sino que en su productividad y bienestar. Así, por ejemplo, al mejorar su acceso a líneas móviles e internet, entre otras tecnologías, permitió que muchos continuarán estudiando durante la pandemia. Del mismo modo, revolucionó la forma de hacer negocios mediante el comercio electrónico y las aplicaciones de movilidad y reparto; e impulsó la inclusión financiera gracias a las billeteras electrónicas. Todo ello está asociado con mayor bienestar y menor pobreza. Así, existe una relación positiva entre el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que incorpora indicadores de salud y educación, además del PBI per cápita.
Así como no fue fortuito este desarrollo, pues fue impulsado por el esfuerzo de los hacedores de política y por la inversión de las empresas, no se debe dejar al azar su futuro. En ese sentido, gracias a la colaboración de expertos del sector, el estudio del IPE contiene recomendaciones de política agrupadas en 4 ejes:
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Cobertura. El mecanismo de canon por cobertura ha sido positivo, pero al ritmo al que avanza tomaría 40 años cubrir unas 7 mil localidades. Por eso es importante fortalecerlo e impulsar un mayor aprovechamiento del sistema de asignación de banda sujeto a metas de cobertura mediante asociaciones público-privadas, procurando además un mejor balance entre los objetivos de cobertura y calidad.
Calidad. El Perú se encuentra rezagado en la licitación de las bandas para redes que permitan la implementación óptima de la tecnología 5G. Según Opensignal, la velocidad de descarga 5G en Perú es solo un tercio de la velocidad registrada en Chile. Por ello, urge acelerar el reordenamiento de la banda de frecuencia de 3.5 GHz, la cual sí es apta para el despliegue de 5G con todas sus funcionalidades, así como la asignación de más espectro. Asimismo, definir lo que se hará con la red dorsal nacional de fibra óptica.
Rol del regulador. A partir de las recomendaciones de la OCDE en su informe de 2019 sobre Osiptel, es necesario fortalecer los mecanismos de elección de funcionarios en la institución. Así, por ejemplo, a la fecha hay tres directores con mandato vencido en 2023 y aun no se ha convocado un nuevo proceso de selección. Además, es necesario ampliar la participación del Consejo Directivo en la toma de decisiones estratégicas de largo plazo de la institución.
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Digitalización. Personas, empresas y Estado deben contar con las competencias necesarias para aprovechar plenamente las herramientas que proveen las telecomunicaciones. Entonces, se requiere avanzar en la alfabetización digital en escuelas, las competencias digitales de los trabajadores y el proceso de transformación digital del Estado.
En conclusión, así como no fue fortuito el desarrollo del sector telecomunicaciones, y no se debe dejar al azar su futuro, ocurre lo mismo con los otros sectores mencionados (minería, electricidad, industria y finanzas) y, en general, con la inversión privada. Si se quiere replicar los periodos donde se vio el mayor crecimiento de esta y los beneficios que ello trajo en empleo, recaudación fiscal y los ingresos de las personas, entonces son necesarios liderazgos y acciones más gravitantes de nuestras autoridades: instituciones sólidas, reformas estructurales y mejor servicio civil, para comenzar.
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