Escribe: Guillermo Boitano, director de Economía de la Universidad de Lima
La violencia no solo es una tragedia humana; también es un obstáculo para el crecimiento económico. Desde conflictos armados hasta crimen organizado y violencia doméstica, sus efectos impactan todos los sectores, debilitando la productividad, desviando recursos y frenando el desarrollo. Según el Global Peace Index del 2024, el costo económico global de la violencia alcanzó los 19.4 trillones de dólares en paridad de compra, equivalente al 13.5% del PBI mundial, o 2,380 dólares por persona. Este impacto incluye costos directos, pérdidas indirectas y daños a largo plazo. Según el INEI, el 26.5% de la población peruana urbana de 15 años a más ha sido víctima de algún hecho delictivo, por encima del 22.9% de mediados del 2022.
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¿Cómo afecta a la economía? En primer lugar, los efectos directos están vinculados al impacto sobre la salud y la seguridad. Se gasta más en cámaras, vigilancia, cierre de calles y controles. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, las empresas gastarían hasta 10% de su presupuesto en seguridad. Además, la inseguridad afecta la salud mental de la población, además de los heridos y fallecidos producto de la violencia.
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En segundo lugar, también hay costos derivados de la baja productividad, la caída de la inversión y la reducción del turismo, porque ahuyenta tanto a inversionistas como a turistas, que no desean exponerse al riesgo. Esta inseguridad se traduce en el cierre de empresas: según un estudio de Videnza Instituto, el 12% de pequeños comercios habría cerrado por este motivo, lo que repercute en el empleo y el ausentismo, sobre todo en micro y pequeñas empresas, que representan el 72.8% y 13.9% del empleo privado, aproximadamente.
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La delincuencia también perjudica el consumo. Una persona puede optar por salir menos, evitar compras que llamen la atención o guardar su dinero por temor a robos. Esto también desincentiva el crédito que los hogares podrían haber usado para consumir o invertir, lo cual también aplica a las empresas.
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Finalmente, la criminalidad perjudica al Estado. Estimaciones del BCR y la CCL ubican su costo entre el 2.2% y 3.0% del PBI, por los mayores gastos en procesos penales, equipos de seguridad, entre otros. La pérdida de confianza en el Estado es una de las consecuencias más graves, aunque toma más tiempo en evidenciarse. La confianza es la base de las instituciones; el respeto a las leyes solo existe si los ciudadanos perciben que se aplican.
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¿Qué podemos hacer? Mayor y mejor educación para los menores, más medidas de prevención, normas más estrictas y que se apliquen, mayor control. Veamos qué nos depara las elecciones del 2026 en este tema.
