Escribe: Luis Alberto Arias Minaya, economista
En octubre, mes de Halloween, el Consejo Fiscal (CF) acaba de informar y presentar un verdadero informe de terror de la situación actual, pero sobre todo de las perspectivas futuras de las finanzas públicas.
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El informe expresa su profunda preocupación por la continua promulgación de leyes con impacto fiscal adverso, que incrementan el gasto público rígido o reducen la capacidad de recaudación, lo que coloca al país en una probable senda de insostenibilidad de la deuda pública, la misma que si no se corrige generará inestabilidad macroeconómica, alza en los costos de financiamiento no solo para el Estado, sino también para las empresas y hogares, y la necesidad de inevitables ajustes fiscales en el futuro gobierno.
Los partidos políticos en el Congreso buscan reelegirse y hacen campaña en forma populista sometidos a grupos de influencia.
El CF ha contabilizado que en el periodo desde agosto del 2021 hasta octubre último se aprobaron 229 leyes con un impacto negativo sobre las finanzas públicas del país, lo que triplica el número de leyes de similar naturaleza en los tres quinquenios anteriores. Esto nos da una idea de cómo el actual Congreso de la República y los partidos políticos que lo conforman han actuado con enorme irresponsabilidad y, en palabras del Consejo Fiscal, reflejan “un preocupante desdén por la preservación de cuentas fiscales sostenibles y un debilitamiento crecientes por la institucionalidad fiscal”.
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El costo estimado de estas leyes, de las 101 promulgadas por insistencia por el Congreso, asciende a 36 mil millones de soles. Solo desde agosto del 2024 hay cinco leyes con mayor impacto sobre las finanzas públicas que implican un costo fiscal cercano a los 22 mil millones de soles. Entre ellas está la Ley que ha incrementado gradualmente las trasferencias a los municipios, desde 2% hasta 4% del IGV, vía el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) que de acuerdo con el Consejo Fiscal tiene un costo de 8.5 mil millones de soles. Pero también están las leyes que incrementan potencialmente las remuneraciones del sector público y otra que limita la capacidad de cobranza de la Sunat evitando que esta institución pueda imponer sanciones a las microempresas que incumplen con el pago de sus impuestos.
¿Cuál es el impacto fiscal?
El impacto sobre el déficit fiscal y la deuda pública de estas leyes ya aprobadas es de terror. El CF ha proyectado que el déficit fiscal a partir del 2026 y hasta el 2036 oscilaría en un rango de 3.1%-3.6% del PBI y con ello la deuda pública que hoy se encuentra en niveles de 30% del PBI, crecería sostenidamente en los próximos diez años hasta alcanzar niveles de 47% del PBI.
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Pero la historia de terror no acaba aquí. El CF ha advertido que el Congreso viene tramitando 352 iniciativas legislativas, ya con dictamen de una Comisión del Congreso. Solo considerando las diez iniciativas legislativas más costosas fiscalmente el costo anual supera los 25 mil millones de soles.
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En este análisis valioso de prospectiva que el CF ha realizado, en un escenario en que estas leyes se aprobaran, lo cual dado el comportamiento del Congreso actual tiene una buena probabilidad de ocurrencia, el déficit fiscal se elevaría a niveles entre un rango de 5.5% y 6.4% del PBI en el periodo 2026-2036. Con ello, la deuda pública crecería sostenidamente hasta alcanzar niveles de 70% del PBI en el año 2036.
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Dentro de este conjunto de probables nuevas leyes el CF ha identificado 37 iniciativas legislativas que crean beneficios, privilegios, tributarios. Hay uno de ellos que incorpora nuevas deducciones del impuesto a la renta personal que tiene un costo anual de dos mil millones de soles, con el cual el cascarón que es este impuesto sería cada vez más vacío.
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Por el lado de la planilla hay dos iniciativas muy peligrosas para las finanzas públicas. Una, que ya es autógrafa y ha sido observada por el Poder Ejecutivo, que propone homologar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados a la remuneración mensual de la primera escala remunerativa de los docentes activos. Esta iniciativa tiene un costo cercano a los seis mil millones de soles y significaría el retorno de la cédula viva a nuestro sistema de pensiones. Otra iniciativa propone otorgar gratificaciones y CTS a todos los trabajadores públicos del régimen denominado CAS. Esta última tiene un costo de tres mil millones.
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La irresponsabilidad fiscal que se ha ido agravando a partir del 2021 obedece a que nuestro país ha pasado de ser un régimen presidencialista a un régimen parlamentario, régimen que descansa en partidos políticos débiles e infiltrados por mafias. Además, los partidos políticos en el Congreso buscan reelegirse y hacen campaña en forma populista sometidos a grupos de influencia, otorgando privilegios tributarios a quienes les financiarán sus campañas o de quienes obtendrán votos.
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Recientemente, con la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, el Congreso ha tomado también el Poder Ejecutivo, un congresista, José Jerí, es el nuevo presidente con lo que se agrava la debilidad del Poder Ejecutivo. Boluarte dependía del Congreso para mantenerse como presidenta, y el Congreso la vacó cuando quiso. Jerí no puede oponerse a lo que el Congreso decida aprobar como leyes. Si se opone, lo sacarán igual, para lo que es necesario incluso menos votos.
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Las finanzas públicas y su sostenibilidad dependen por tanto de la política y las instituciones, los partidos que tenemos. El régimen actual continuará dañando la estabilidad fiscal. El informe del CF no los hará retroceder. Lo único a nuestro favor es el poco tiempo que les queda. Pero que el nuevo gobierno asumirá unas finanzas públicas en crisis y una trayectoria de la deuda creciente no queda ninguna duda.
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El futuro depende de las próximas elecciones, de que la campaña electoral permita discutir estos temas y sus peligros y de que los electores seamos responsables al momento de elegir. No queda otra salida.
