Docente de la carrera de Gestión de Negocios Internacionales de la Universidad Le Cordon Bleu.
Como sabemos, Perú enfrenta una nueva desaceleración general de la economía, así como una repentina y marcada alza de la inflación, como resultado de los rezagos de la reciente pandemia, el alejamiento de la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, y sobre todo por los recientes acontecimientos bélicos, que profundizan las dificultades logísticas y crean un inminente riesgo de desabastecimiento de algunos de los principales commodities básicos que se comercializan alrededor del mundo.
Y es que la guerra en Ucrania ha generado un profundo impacto en los mercados de diversos productos a nivel global, tornando altamente volátiles los principales mercados internacionales de alimentos, energías y fertilizantes, que ahora muestran precios históricamente elevados.
Según el último reporte del Banco Mundial, denominado “Guerra en la Región (Europa y Asia Central)”, que analiza los impactos del actual conflicto en el sur de los grandes llanos del este europeo, la guerra y las múltiples sanciones que se vienen imponiendo a Rusia amenazan la estabilidad de las relaciones geopolíticas de una región que sufrirá graves daños económicos y que es clave para el suministro de commodities agrícolas y energéticos a un gran número de destinos, entre los que se encuentran importantes países europeos, árabes, africanos y del sudeste asiático, que ya sufren un drástico recorte de sus suministros y elevados precios.
El conflicto ralentiza además el comercio de productos a nivel global y, según los expertos, todo apunta a que la volatilidad de los precios de los alimentos, energías y fertilizantes continuará por un tiempo prolongado, obligando a recomponer las cadenas globales de suministro en base a un nuevo y largo proceso de ordenamiento de los poderes económicos entre las grandes potencias.
En Perú, como vemos, el efecto inmediato de esta grave coyuntura se traduce hoy en escasez e inflación, que interrumpen nuestras expectativas de recuperación económica y de retorno al crecimiento que todos esperábamos para una vez superada la pandemia, y que si ciertamente se prolongan, causarían grandes estragos en nuestro futuro desarrollo.
Vemos ahora que se están tomando tan solo medidas de corto plazo a nivel local. Como ejemplos, el BCR continúa con su política monetaria contractiva elevando por novena vez la tasa de interés de referencia, mientras el legislativo, a iniciativa del gobierno, exonera de algunos impuestos al comercio de determinados productos alimenticios de consumo básico, y algunos políticos buscan los medios para controlar artificialmente los precios mediante una previa modificación del capítulo respectivo del régimen económico de la Constitución, a pesar que los controles de precios no funcionan desde la época del emperador Diocleciano, conocido por destruir la economía romana en el siglo III.
En este escenario, que hoy crea y profundiza conflictos sociales en distintos lugares de nuestro territorio, diversos foros locales e internacionales evalúan la situación y proyectan sus consecuencias, con miras en la adopción de las medidas necesarias para mitigar los peores efectos de estas coyunturas y revisar varios aspectos de las actuales políticas socio-económicas.
Es así que en la reciente Conferencia de la FAO para América Latina y el Caribe, realizada en Ecuador, su Director General Qu Dongyu declaró: “estamos en un momento crítico para el mundo… lo afrontamos con una hoja de ruta clara: transformar los sistemas agroalimentarios para hacerlos más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles”.
Surge entonces la necesidad de poner sobre la mesa de discusión los controvertidos temas de la soberanía y la seguridad alimentarias, que en Perú cobran especial importancia por las profundas desventajas históricas y estructurales (geográficas, económicas, tecnológicas y culturales), que limitan en mayor o menor grado nuestra posibilidad de tener éxito en ambos aspectos.
En años recientes, Perú ha logrado ampliar notoriamente su frontera agrícola y crear algunas cadenas de valor competitivas y de éxito internacional, sin embargo, este crecimiento aún no es suficiente, y esto se debe principalmente a una limitación natural relacionada con nuestra complicada geografía. A pesar de encontrarnos dentro del 10% de países con mayor territorio en el mundo, éste nos ofrece hoy, incluyendo todo nuestro reciente crecimiento, apenas una décima parte del promedio de tierras de cultivo a nivel global, lo que nos coloca muy lejos de ser una potencia agrícola y nos obliga a escoger entre la generación de divisas generadas por las exportaciones agroindustriales o privilegiar nuestra soberanía y seguridad alimentarias, intentando al menos restar nuestra dependencia de los alimentos importados y nuestra gran vulnerabilidad en relación a los altibajos de los mercados internacionales.
Pero no es todo, dado que a una difícilmente salvable situación geográfica se aúnan la falta de capitales, los elevados costos de producción y la ausencia de economías de escala debido a las escazas dimensiones de la propiedad sobre las tierras, la difícil accesibilidad al agua, la difícil o completa inaccesibilidad a los insumos y la tecnología (como las semillas transgénicas, y los fertilizantes, nutrientes y pesticidas importados), más un notable déficit de infraestructura, confluyendo todos estos factores en un importante sector marginado de la población, representado por un elevado 25% de la fuerza laboral que se desempeña directa o indirectamente en actividades agrícolas y recayendo todos estos problemas en un vasto sector de nuestra sociedad caracterizado históricamente por la pobreza.
Nos toca entonces revisar nuestros reales objetivos y políticas de largo plazo para la agricultura. Sin duda, este es el momento.