Escribe: Carlos Gallardo Torres, gerente general del IPE
Existe mucho escepticismo sobre los paquetes desregulatorios. Quizás cambiaría ese panorama si el Ejecutivo y el Congreso reconocen que, tan importante como desregular mercados y servicios específicos, es fortalecer al Indecopi y a las reglas con las cuales se enfrenta a la burocracia. Hay mucho por hacer.
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En cuanto al Indecopi, este cumple un rol esencial en el ecosistema económico del país: garantiza la competencia en los mercados, protege los derechos de consumidores y creadores, y fomenta un ambiente propicio para la inversión y la innovación. Su importancia ha sido reconocida en evaluaciones de la OCDE, que han resaltado su eficiencia y prestigio. Sin embargo, su capacidad para operar de manera efectiva enfrenta serios desafíos.
Estos desafíos han aumentado en los últimos años. La alta rotación de funcionarios clave es un reflejo de la injerencia política: desde el 2020, la permanencia promedio de los presidentes del directorio ha caído drásticamente de 40 a solo 13 meses. Esta constante rotación interrumpe la continuidad de políticas esenciales y socava su capacidad para ejercer sus funciones con autonomía.
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A ello se suman los retrasos en la designación de funcionarios clave. La ausencia de un mecanismo de selección transparente y basado en mérito ha permitido la discrecionalidad política en el nombramiento de directivos, afectando la independencia técnica de la institución. Ejemplo de ello es que desde el 2021 la PCM ha dejado vacante en varias ocasiones y durante varios meses la designación de su segundo representante en el Consejo Directivo. Además, en el 2024, cuatro de las cinco salas especializadas carecían del quórum necesario para operar.
Otro factor que limita la efectividad del Indecopi es su presupuesto. A pesar de la incorporación de nuevas responsabilidades –como el control de fusiones y adquisiciones– y que la economía se hace más grande y compleja, su presupuesto se ha reducido en 16% en términos reales desde el 2019. Esta disminución limita la capacidad del organismo para realizar investigaciones técnicas y oportunas, debilitando la confianza en su capacidad regulatoria.
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A todo esto, se suma la dificultad para atraer y retener talento especializado. Las remuneraciones en el Indecopi son significativamente inferiores a las de entidades similares en otros países de la región. Los directivos en su par en Chile, por ejemplo, perciben sueldos hasta tres veces superiores. Esta situación impacta directamente en la calidad de los análisis y en la capacidad de la institución para resolver casos de alta complejidad en tiempos razonables.
En cuanto a las reglas, persiste un uso regulatorio discrecional de los municipios y del Ejecutivo, ya sea porque exceden sus competencias normativas o porque no regulan de manera idónea. Así, vulneran el derecho a la libertad de empresa, afectan la inversión y abren espacios para actos de corrupción. Y el Indecopi no solo no cuenta con las capacidades humanas y financieras para enfrentar esta discrecionalidad, sino que necesita que las reglas para enfrentarlas sean efectivas.
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Propuestas
La libre competencia y la protección de derechos son pilares fundamentales para una economía saludable y en crecimiento. Si el Ejecutivo y el Congreso logran coincidir en eso, aquí algunas propuestas que desde el IPE consolidamos recientemente:
Indecopi fortalecido
1. Elevar el Indecopi a la categoría de organismo constitucionalmente autónomo, al igual que el BCR, garantizando su independencia técnica y política.
2. Implementar concursos públicos rigurosos para la selección del directorio y del equipo técnico clave, con criterios claros de idoneidad y experiencia técnica.
3. Establecer un proceso de ratificación en el Congreso o por un organismo independiente, para asegurar transparencia y autonomía.
4. Ajustar su presupuesto, reconociendo sus responsabilidades crecientes, permitiendo la contratación de más especialistas, vocales a tiempo completo en las salas especializadas, mejores remuneraciones y la modernización de sus procesos.
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Reglas efectivas
5. Declarar barrera burocrática el incumplimiento de los plazos establecidos en los procedimientos administrativos (PA), así como los PA que los municipios se niegan a estandarizar en sus TUPA aun cuando se encuentran obligados a ello.
6. Que una barrera burocrática declarada irracional sea de aplicación general, sin necesidad de nuevas denuncias. Si fuese el caso que es racional para un sector o actividad en particular, lo que corresponde es que el Estado norme de manera específica.
7. Obligar a los gobiernos subnacionales a pasar por el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) y el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), comenzando por las ciudades principales y aquellos reincidentes que aprueben regulación que sea declarada barrera por el Indecopi.
8. Dotar de mayores recursos a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria y a las entidades que la conforman para que ejecuten la revisión regulatoria ex post estratégicamente. En el caso del ACR, de aquellos PA que fueron validados en contextos económicos y digitales distintos, y que hoy deben afinarse. En el caso del AIR, de la regulación tributaria y laboral, que es en varios extremos compleja y caduca, e impide un mayor crecimiento y formalización.
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