En octubre de 2023 se ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Se trata de una iniciativa parlamentaria para que los denunciantes reciban un beneficio dinerario equivalente a un porcentaje de la multa impuesta por el Indecopi a los proveedores infractores en temas de consumo.
De esta manera, los consumidores denunciantes podrían recibir hasta S/ 99.000 (40% de 50 UIT) por una infracción leve del proveedor, hasta S/ 223.000 (30% de 150 UIT) por infracciones graves y hasta S/ 445.000 (20% de 450 UIT) por infracciones muy graves. Con ello, según señala el proyecto de ley, se busca incentivar la interposición de denuncias ante el Indecopi cuando los consumidores consideren que se han afectado sus derechos.
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Aun cuando el proyecto de ley indica que este monto no tendría un carácter indemnizatorio, en la práctica se estaría beneficiando económicamente a los consumidores presuntamente afectados de una forma que excede a las medidas correctivas que la autoridad puede requerir al proveedor para corregir la conducta infractora. Por ejemplo, la devolución del monto pagado de un producto, el reembolso de gastos efectuados por el consumidor, o el cambio del producto por uno de similares características; pero un beneficio dinerario que no tenga por finalidad corregir o resarcir las consecuencias directas e inmediatas de la infracción adquiriría una naturaleza indemnizatoria.
El Código de Protección y Defensa del Consumidor ha reconocido que la función indemnizatoria es propia de los órganos judiciales y la vía arbitral, estableciendo que las medidas correctivas ordenadas por el Indecopi no tienen naturaleza indemnizatoria. También se ha fijado que el proveedor que ocasiona daños y perjuicios al consumidor debe indemnizarlo conforme a las disposiciones del Código Civil en la vía jurisdiccional o arbitral.
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Por ende, una propuesta legislativa que ordene que el Indecopi brinde a los consumidores un monto participativo de la multa impuesta al proveedor generaría incentivos para que los consumidores denunciantes reduzcan significativamente la utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias, los cuales han venido siendo ampliamente usados. Así, por ejemplo, al cierre del 2022, el Indecopi recibió más de 109.000 reclamos que fueron gestionados en un promedio de 19 días hábiles, a diferencia de los procedimientos sancionadores en materia de consumo que pueden tomar aproximadamente seis meses en cada instancia.
Es importante que los proyectos normativos emitidos por cualquier autoridad competente tengan un sustento de idoneidad (relación causal entre la propuesta normativa y la solución del problema identificado) y proporcionalidad (que se ha evaluado la opción menos gravosa para los agentes involucrados, generándose más beneficios que costos), a fin de que no se produzcan consecuencias prácticas que puedan ir en contra de las políticas nacionales.
