Walter Gutiérrez
Constitucionalista
El reciente anuncio de apoyo de la presidenta Dina Boluarte a un octavo retiro de los fondos de las AFP, a pesar del rechazo inicial de su propio ministro de Economía, así como de expertos del sector de su propio gobierno, pone en evidencia el populismo económico al que se ha entregado el Gobierno y su desapego a los mandatos constitucionales en materia social y económica. El apoyo a un nuevo retiro no es solo una mala política pública, sino un acto potencialmente inconstitucional que socava la estabilidad del país.
Violación del precedente del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional (TC) ha sido claro en precisar que los retiros de fondos de pensiones son medidas de carácter excepcional y extraordinario, justificadas únicamente por crisis de fuerza mayor, como fue la pandemia.
El TC ha advertido que estos retiros no pueden convertirse en una política regular. Un octavo retiro, sin que exista una emergencia nacional comparable, ignora deliberadamente este precedente y las advertencias del citado órgano de justicia.
Esto no solo debilita la doctrina jurídica, sino que le resta autoridad a la principal institución encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución. En la práctica, es un abierto desconocimiento de las reglas básicas de institucionalidad.
Incumplimiento del principio de intangibilidad
Si bien los fondos de pensiones son propiedad de los afiliados, su propósito no es el consumo inmediato. El marco constitucional de la seguridad social establece que estos fondos son un patrimonio con un fin específico: garantizar una pensión en la vejez.
Al permitir que estos fondos sean retirados repetidamente, se está desvirtuando su naturaleza. Se están tratando como una cuenta de ahorro de libre disposición, lo que convierte un sistema de seguridad social en una herramienta de populismo económico. Esto va en contra del mandato del Estado de proteger el bienestar futuro de sus ciudadanos, condenando a millones a una vejez sin sustento.
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El incumplimiento del deber de buena gobernanza
El respaldo presidencial a esta medida, en contra de las recomendaciones técnicas del propio equipo del MEF, es un ejemplo de mala gobernanza. Un Estado moderno y funcional se basa en la idoneidad técnica y la previsibilidad. El rol de los ministros, especialmente el de Economía, es asesorar al Gobierno y velar por la estabilidad macroeconómica. Si la máxima autoridad política ignora la voz de los expertos y los desautoriza públicamente, se genera una crisis de confianza.
Esto no solo demuestra falta de coherencia, sino que también socava la capacidad de la administración pública para tomar decisiones informadas, priorizando la conveniencia política del momento sobre el interés a largo plazo de la nación.
Las consecuencias de una medida inconstitucional
Las implicaciones de este retiro van mucho más allá de las pensiones individuales. Cada retiro masivo:
1. Coloca en una situación de extrema vulnerabilidad a millones de futuros adultos mayores que carecerán de pensiones.
2. Ahuyenta la inversión y afecta la economía de los ciudadanos. Emite una señal de inestabilidad y falta de seriedad. ¿Qué inversor extranjero pondrá su dinero en un país donde las reglas cambian al ritmo de populismo? Esto impactará en el crecimiento económico y en el empleo.
3. Disminuye la competencia: Vuelve el mercado de pensiones menos atractivo para nuevos actores, lo que perjudica a los afiliados al limitar sus opciones.
En suma, el apoyo al octavo retiro de los fondos de los afiliados a las AFP no es solo una decisión política lamentable. Es un acto que desafía los principios de la Constitución, ignora el criterio técnico y compromete la estabilidad financiera de millones de peruanos. Es, en esencia, un paso atrás en la construcción de una institucionalidad sólida y predecible para el país.
