Socio del estudio Rodriguez Larraín Abogados
Encontrándonos próximos a llegar a los 100 días de emergencia nacional y declaratoria de cuarentena, considero oportuno realizar un análisis económico-social que a manera de diagnóstico nos permita definir ¿cómo estuvimos?, ¿cómo estamos? y ¿cómo estaremos? ante el actual contexto en el que nos encontramos por la emergencia nacional COVID-19.
Así entonces, debemos considerar que según datos proporcionados por el Banco Mundial, el Perú al mes de diciembre 2019 cerró el año con su peor desempeño anual en una década con un crecimiento de 2.16%, cifra que comparados con el promedio de los años 2002-2013 con una tasa promedio del PBI de 6.1% anual y el promedio de los años 2014-2018 con el 3.2% anual. Ello quiere decir que la desaceleración económica ya venía percibiéndose mucho antes que el COVID-19 fuera protagonista de las primeras planas. Y es que los conflictos políticos (vacancia presidencial, cierre de congreso y casos de corrupción), así como los conflictos sociales (Tía María, Las Bambas, Trompeteros, entre otros) fueron los factores condicionantes para que iniciemos el 2020 con cifras nada alentadoras.
Según los datos proporcionados por el INEI al mes de marzo 2019 (para compararlo con el mes de marzo 2020 en que inició la cuarentena y emergencia nacional por COVID-19) la tasa de empleo informal llegó al 66%, lo que significaba que de cada 10 peruanos, 07 se encontraban en el sector informal. Esto significa que dicha población no cuenta con acceso a beneficios sociales ni a seguridad social o salud.
¡Así estuvimos!
La llegada del COVID-19 importó un acontecimiento de alcance mundial (pandemia), ocasionando que el mundo parase por primera vez de forma global y generalizada, imponiéndose nuevos estándares de convivencia (cuarentena y aislamiento social) así como golpes durísimos en la economía de la población. Según la entrevista realizada el 07 de junio 2020 por Peru21 al gerente del Instituto Peruano de Economía – economista Diego Macera, la economía en marzo 2020 reporto -16% mientras que en abril la estimación estuvo entre -30% y -35%, siendo que la proyección a mayo con la reactivación de actividades podría ser de menor pérdida pero igual en números negativos.
Asimismo, conforme los datos de la encuesta nacional realizada por IPSOS en Perú al mes de marzo 2020 y que fuera recogido en el Informe Especial 02-2020-DP emitido por la Defensoría del Pueblo, el 25% de peruanos afirmaron haberse quedado sin trabajo con ocasión del aislamiento social obligatorio por el COVID-19. Esta cifra se verá incrementada a junio 2020, considerando la prolongación de la cuarentena y, por ende, la mayor exposición de personas a las carencias de un ingreso económico que procure su subsistencia propia y familiar. En esta cifra se encuentran los empresarios de toda índole, quienes en muchos casos se han visto en la necesidad de cambiar de rubro, fortalecerse mediante otro tipo de inversiones, o han quebrado en el proceso.
Para el empresariado que aún subsiste a pesar de la crisis, los costos se han visto elevados en razón al crecimiento del valor de bienes ante la limitación en exportaciones e importaciones por paralización de transporte interno e internacional, la contratación de diseños y planes de salubridad a manera de protocolos exigidos por el MINSA para operar ante las fases de reactivación económica, o por el mantenimiento de licencias con goce de haber compensables durante la emergencia sin operatividad.
Para los trabajadores, el COVID-19 ha significado en muchos casos la transición de formalidad a informalidad (pérdida de puestos de trabajo), requerimientos de cobro de créditos financieros (imposibilidad de cubrir cuota hipotecaria o de préstamo personal), mantenimiento de gastos ordinarios (educación de hijos, servicios de telefonía, agua y luz), pero con ingresos limitados o nulos (suspensión perfecta de labores o reducciones de remuneraciones y jornadas de trabajo o compensaciones sobre bonificaciones que ahora no verán realizadas durante el año 2020, o despidos).
Lo que es peor, en este momento el golpe a los trabajadores que supone de sobremanera como afectación principal es el que en este contexto gran parte de ciudadanos se encuentran impedidos de acceder a servicios de salud idóneos por el colapso de los centros médicos en el Perú. Otros tantos, al no gozar de ingresos se encuentran en la disyuntiva de salir a las calles para obtener algún ingreso, aun si ello supone exposición al virus; este sector afirma salir para no morir de hambre.
¡Así estamos!
En este escenario, la proyección hacia el ¿cómo estaremos? se torna en incierta y oscura, y no nos permite dar una respuesta definida dado que el Ejecutivo no ha dado muestras serias de tener un horizonte claro, siendo que en ese camino no ofrece cifras reales sobre la llamada “meseta de contagios” o permite que se instrumentalice a la persona humana (ver D.S. 083-2020-PCM y que fuera observada en el artículo Incongruencia Estatal, Gestión, 26 de mayo 2020); e inclusive, se observa el retorno de los conflictos políticos al tener un congreso populista y nada técnico.
Por ello, serán las decisiones que tomen todos los sectores de la población conjuntamente con el Gobierno los que determinarán el éxito o fracaso futuro. La responsabilidad en esta toma de decisiones será el legado que evidenciaremos ante este hecho histórico. La historia nos juzgará.