Impacto de la COVID-19 en la lucha contra el trabajo infantil

El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el objetivo de crear conciencia y reflexión sobre su prevención y erradicación, en especial, en sus peores formas.

De acuerdo con los Convenios N° 138 y 182 de la OIT, ratificados por el Perú, se considera trabajo infantil cuando las labores son desarrolladas por menores de 18 años, siendo la edad mínima permitida para trabajar a los 14 años en nuestro país y, como excepción, para labores ligeras 12 años, exigiéndose el deber de prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil.

En el Perú, según informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el Estado de la Niñez y Adolescencia del primer trimestre del 2022, la población adolescente (entre 14 y 17 años) que solo trabaja aumentó en 3.2 puntos porcentuales en el área urbana y 6.1 puntos porcentuales en el área rural, respecto del primer trimestre del 2021.

Asimismo, se ha reportado que una de las principales razones del abandono de la educación en la población de 6 a 16 años en el 2021 (62.7%) se debió principalmente a problemas económicos o familiares, entre los cuales se incluyen a los menores que dejaron de estudiar por trabajar, incrementándose en un 7.2% de dicha población respecto del año 2020 (55.5%).

Dicha situación se podría ver agravada por las consecuencias económicas generadas por la pandemia del COVID-19, tales como la falta de ingresos familiares, pérdida de trabajo, cierre de colegios por la inmovilización social obligatoria, entre otros, las cuales provocaron el aumento de la pobreza y, por ende, el incremento del trabajo infantil como medio de subsistencia, según estudios de la OIT y Unicef realizados a nivel mundial, y que podría impactar en nuestro país.

Hay ciertos sectores económicos que presentan mayor incidencia de trabajo infantil en nuestro país y que requieren ser fiscalizados con mayor frecuencia, pues, como informa la Sunafil (2022), en las regiones de Lima, Cajamarca y Loreto se presentaron más casos de trabajo infantil en actividades de comercio, servicios, hoteles, restaurantes, industrias manufactureras, transportes, entre otros.

Por su parte, según el INEI (2020), la mayoría del trabajo infantil (73.5%) se concentra en el sector primario de la economía (agricultura, pesca y minería), seguido del sector comercio (14.5 %).

Recordemos que en el objetivo de desarrollo sostenible N°8.7 de la Agenda 2030 de la OIT, se ha establecido como meta asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil y, al 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

A fin de cumplir con dicha meta, en el Perú se dispusieron diversas políticas públicas, tales como la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Enpeti) 2012-2021, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, el Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) y el III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019-2022.

Además, para que un menor de edad pueda trabajar válidamente en el Perú, no basta la existencia de un contrato de trabajo, sino que se debe contar con una autorización administrativa previa al inicio de las labores por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo del lugar del centro de trabajo.

Dicha medida busca controlar y monitorear el respeto del mínimo de edad, así como prevenir que las condiciones y labores no perjudiquen la salud (física y emocional), integridad y desarrollo escolar de los menores. Ello es fiscalizado por un grupo especializado de inspectores del trabajo en materia de trabajo forzoso y trabajo infantil de la Sunafil, quienes actúan conforme a un Protocolo especializado bajo un enfoque intersectorial e intergubernamental.

Pese a los esfuerzos antes detallados, es necesario continuar con la implementación de políticas y actualización de medidas de mitigación, en especial, debido a las consecuencias económicas de la pandemia - que no estuvieron contempladas en las políticas públicas anteriores-, así como se requiere una mayor fiscalización en los sectores económicos que presentan mayores índices de trabajo infantil. Dichas medidas requieren ser atendidas de inmediato por parte de las autoridades, para lograr, progresivamente, el fin del trabajo infantil en todas sus formas en el Perú.