¿Hay una respuesta efectiva del sistema judicial ante las denuncias por violencia contra las mujeres?

Para algunos, el Día Internacional de la Mujer es una fecha para celebrar, para otros es una fecha para recordar las muertes de las mujeres que fallecieron defendiendo derechos básicos. En palabras de la Organización de Nacional Unidas, es “un día para conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida de la mujer”.

Distintos puntos de vista, sí. Pero todos coinciden en algo: Es una fecha para reflexionar sobre los derechos de la mujer y la gran anhelada igualdad de género que, acorde al mensaje de la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay: “Ningún país del mundo puede presumir de haberla logrado” (sí, ni el país de Simone de Beauvoir que hace pocos días consagró el derecho al aborto en su Constitución) y que “al ritmo actual, harán falta casi 300 años para que se consiga”.

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Debo reconocer que es frustrante reflexionar sobre estos temas, pues en el panorama actual de nuestro país parecería que en vez de avanzar, estamos retrocediendo.

En noviembre de 2023, el portal periodístico Infobae reportó que “el 85.5% de los casos de violencia son hacia mujeres” y “de acuerdo al programa nacional Aurora, del Ministerio de la Mujer, entre enero y octubre del 2023 se ha registrado un incremento del 7.9% en las denuncias frente al mismo periodo en el año anterior”.

Según las cifras plasmadas en el documento “Nota de Información Referencial N° 3 – 2021/2022 GFDD/ASISP/DIDP” del 17 de noviembre de 2021, elaborado el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, los casos de violencia sexual aumentan significativamente cada año desde el 2012. En el 2020, el Programa Aurora registró “un total de 13,843 casos a nivel nacional, el 93.7% de víctimas fueron mujeres”. Entre enero y septiembre de 2021, registraron “16,349 casos”, de los cuales “94.6% de las víctimas fueron mujeres”.

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Es decir, la violencia sexual, que es la manifestación más extrema y terminal que puede existir de sometimiento contra una mujer, es un tema que cada año en nuestro país va incrementándose.

Entonces, la pregunta que surge es: ¿cuál es la respuesta del Estado para frenar esta problemática relacionada a delitos como el de violación sexual, que es una de las manifestación más aberrantes de violencia de género?

¿Los intentos del Estado de combatir la violencia contra la mujer funcionan?

Un parte de la población podría sostener que la solución a dicho problema fue la Ley N°30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El problema está en que dicha ley fue promulgada en noviembre de 2015 y las cifras no se reducen, sino -como ya señalamos- van en aumento.

En agosto de 2023, el diario La República en un reportaje en el que se evaluó la data del Poder Judicial entre el 2018 y julio de 2023, se pudo determinar que “menos del 1% de casos de violencia contra la mujer obtiene sentencia” y que, según especialistas, “estas cifras envían un mensaje de impunidad que incentiva a los agresores”.

Entonces, ¿el problema son las autoridades judiciales? En parte, sí.

Gran parte de los órganos llamados a resolver los casos de violencia contra la mujer están conformados por magistrados que desconocen el texto de la Ley N° 30364, así como los tratados internacionales en los que se sustenta y ampara. Esto se debe a que el Estado se ha enfocado en capacitar a los miembros del Ministerio Público, principalmente, y a los fiscales que se encuentran en las fiscalías especializadas en este tipo de delitos. Pero los jueces no han sido prioridad.

La solución a esto podría consistir en dictar a los jueces cursos de capacitación periódicos, impartidos por profesionales o expertos en la materia. Pero ello no basta.

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Como bien lo señaló el profesor Abraham Siles Vallejos, “el derecho es la ley, y que la ley es la aplicación que hace de ella el juez. Sin embargo, éste último, el funcionario a quien la sociedad le encomienda la tarea de administrar justicia, no está sustraído a su época y su entorno social, sino que, por el contrario, en infinidad de aspectos los representa y expresa, plasmando en sus intervenciones y resoluciones un estado de la cultura y de la peculiar conformación de esa sociedad. Así pues, puede igualmente decirse que en el razonamiento de un juez está la sociedad”.

De ahí que no es suficiente con la inversión en múltiples capitaciones. Mientras que nuestro país continúe siendo una sociedad preponderadamente machista, es muy poco probable que exista un cambio significativo en las cifras citadas.

Sin embargo, el problema no sólo radica en las autoridades. También en los propios litigantes, quienes, en vez de centrar su defensa en el esclarecimiento de los hechos, buscan desviar la atención de los jueces y fiscales cuestionando la honorabilidad de la víctima en función a estereotipos de género.

No se centran en acreditar que su cliente es inocente. Por ejemplo, no buscan acreditar que existió o no un consentimiento libre de la menor de 14 años, sino buscan probar que la madre de la menor violada denunció a su expareja, pues le habría tenido celos a su propia hija.

Se trata de una situación que -según he podido apreciar- también es usada por las abogadas que defienden a víctimas, lo cual no contribuye a la lucha seguida por las mujeres en pos de sus derechos. En efecto, la emisión de fallos con un razonamiento basado en prejuicios de género no es ningún avance para el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva de las mujeres.

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Finalmente, creo que es importante tener presente que la cifra de impunidad también responde a actos de corrupción, lo que parece ser el día a día en nuestro país. No son pocas las denuncias públicas que se hacen contra psicólogos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público encargados de elaborar las evaluaciones psicológicas a las víctimas. Pruebas que terminan siendo esenciales para esclarecer este tipo de delitos.

Tampoco son pocas las denuncias contra estos profesionales de salud por desplegar comportamientos o realizar afirmaciones en sus informes que terminan siendo absolutamente revictimizantes. En algunos casos, son psicólogas mujeres quienes realizan este tipo de actos. Mujeres que, en vez de contribuir con la lucha por sus derechos, prefieren emitir un informe utilizando adjetivos totalmente denigrantes respecto a la mujer víctima de violencia sexual.

Es frustrante tener que reflexionar sobre la situación judicial de este tipo de casos. Es agobiante tener que reflexionar sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de las mujeres víctimas de abusos sexuales. ¿Por qué? Porque sé que la solución no está próxima. Porque sé que probablemente para el 8 de marzo del 2025 nada habrá cambiado. Porque sé que el malestar que me genera tener que enfrentar como abogada casos en los que se presenta alguno de los problemas previamente descritos, no se compara con lo que debe sufrir y sentir la víctima.