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Gerente de Alternativos y Análisis de Prima AFP
El interés por la sostenibilidad, lo ESG y el cambio climático han tomado gran relevancia en el mundo en los últimos años. Por ejemplo, la encuesta realizada por Deloitte este año (Deloitte Global 2023 Gen Z and Millennial Survey) muestra que el 69% de la generación Z y el 73% de los millennials están tratando activamente de minimizar su impacto en el medio ambiente.
Asimismo, seis de cada diez centennials y milennials están dispuestos a pagar más por productos y servicios sostenibles, lo que se encuentra atrás de la oleada de productos y servicios que muestran sus atributos sostenibles y verdes. Además, en el mundo de las inversiones se ha dado el mismo efecto, con una creciente adopción y etiquetado de fondos verdes y sostenibles, ante la demanda de los inversionistas.
Sin embargo, particularmente durante el último año hemos visto varios casos que involucran a gestores de activos, empresas y bancos, recibiendo multas o en procesos de investigación relacionados al greenwashing.
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Greenwashing se puede definir como el brindar una idea falsa o una verdad a medias sobre cómo los productos o servicios impactan el ambiente. En algunos casos, puede implicar hacer una afirmación sin fundamento que lleve a creer que los productos son respetuosos con el medio ambiente o tienen un mayor impacto ambiental positivo de lo que realmente tienen.
En ese sentido, los reguladores en todo el mundo vienen haciendo un esfuerzo por tener mayores definiciones y reglas que incrementen la transparencia en este campo. Recientemente, la Unión Europea aprobó nuevas reglas para prohibir las declaraciones de carbono neutral que incluyen compensaciones y términos como “respetuoso con el medio ambiente”, “biodegradable” o “ecológico” si no están respaldados por evidencia.
Lo que se suma al Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, que impone estándares mínimos para las acciones comunicativas empresariales y busca transparencia en cuanto a la clasificación de los fondos de inversión.
En la misma línea, en Perú, Indecopi prepublicó recientemente el proyecto de “Guía sobre Publicidad Engañosa”, con el que busca mejorar los estándares con respecto a la publicidad verde en el país.
En la otra cara de la moneda, ante la creciente regulación y riesgo reputacional, está el llamado greenhushing, el cual consiste en que empresas comprometidas con la sostenibilidad y con delivery de sus objetivos no compartan sus progresos por temor al escrutinio público o a verse envueltos en alguna investigación.
De acuerdo con una encuesta realizada por South Pole, a más de 1,200 organizaciones de doce regiones comprometidas con la sostenibilidad, casi una cuarta parte (23%) de los encuestados indicaron que han fijado un objetivo basado en la ciencia para la reducción de emisiones, pero que no tienen previsto hacerlo público.
Es indudable que la transparencia y ética es lo que debería primar en todos los casos; no obstante, en este caso, adicionalmente está el hecho de que sobrevaluar o subvaluar los esfuerzos sostenibles y climáticos puede dificultar el tan necesario direccionamiento del capital hacia productos y servicios que apoyen la transición y cuidado del medioambiente.
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