Economista Asociado, Macroconsult
En marzo pasado, el Ministro de Educación declaró que existían 30 mil colegios que requerían sustitución parcial o total de su infraestructura y que, de ellos, alrededor de mil están en riesgo de colapsar. Estas cifras resultan alarmantes si se tiene en cuenta que, según el Minedu, el total de centros de educativos de primaria y secundaria, suma alrededor de 50 mil.
Esta situación obedece al deficiente mantenimiento recibido durante años por estos locales, junto con los daños resultantes de las lluvias durante El Niño de 2017 y El Niño Costero 2023. Con ello, la brecha de infraestructura según datos actualizados del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) publicados por el MEF, ascendería a S/. 111.2 miles de millones. Las respuestas del Estado frente a este problema han tenido un carácter disperso y desarticulado. El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) brazo ejecutor del Minedu, ha venido gastando anualmente (desde 2021) aproximadamente S/. 1.1 millones en obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura educativa. Una modalidad de ejecución utilizada de manera creciente, durante los últimos años, por los gobiernos locales y regionales, es la de Obras por Impuestos (OxI). Durante el año 2021, se adjudicaron S/. 230 millones y el 2022, S/. 53.1 millones, para la ejecución de proyectos mediante esta modalidad. En lo que va de 2023 se aprecia una importante recuperación de S/. 146.0 millones en OxI adjudicadas por el Minedu, proveniente de proyectos a ser implementados por empresas mineras, uno de los cuales consiste en la construcción de un Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en Apurimac. En cuanto a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC), según reportes a mayo de 2023, esta entidad había ejecutado un total de S/. 2,770 millones en infraestructura educativa desde su creación.
Todos estos esfuerzos, aunque valiosos, son insuficientes. No solo persiste una amplia brecha por cubrir, sino que muchos de los colegios, incluso aquellos que no han sufrido daños, aún carecen de servicios básicos como luz, agua y saneamiento o acceso a internet. Según el Minedu, al 2022, solo el 47% de las escuelas a nivel nacional tiene conexión a agua, 57% a desagüe y 82% a energía. La problemática es más severa en la selva donde los porcentajes son de 21%, 34% y 58%, respectivamente. Mientras en la costa el 79% de establecimientos acceden simultáneamente a los tres servicios, en la selva apenas el 15% y en la sierra el 35%. En cuanto al acceso a internet, el 42% de los colegios públicos de primaria a nivel nacional cuenta con acceso a internet mientras los de secundaria un 71%. Si se consideraran estas falencias de acceso a servicios públicos, probablemente la brecha de infraestructura sería mucho mayor. En estos casos (salvo el de agua y saneamiento), la estrategia no pasa por incrementar la ejecución del gasto público, sino por promover e incentivar la mayor inversión privada para expandir su cobertura.
