Este año, la elección general del 2026 será convocada, lo que supondrá el punto de partida en la carrera por la presidencia y por los 130 escaños de la Cámara de Diputados y los 60 del Senado. Pronto conoceremos, con certeza, quiénes querrán ocupar estos espacios y qué planean hacer con el poder que los peruanos les confiaremos.
El Perú afrontará esta nueva competencia luego de haber padecido casi diez años de inestabilidad política. Esta experiencia, por tanto, debiera servirnos de lección para reflexionar e informarnos más adecuadamente sobre las personas que elegiremos para ocupar cargos tan importantes, así como para evaluar la seriedad de la oferta electoral (siempre abundante en promesas y escasa en detalles). Sobre todo, cuando se trata de su relación con la promoción de la inversión privada, la receta más efectiva para el crecimiento y el bienestar y el único antídoto para la pobreza.
Será importante, por ejemplo, mantenernos atentos y prudentes ante todas las medidas que propongan descartar el rigor técnico a favor de políticas que suenan bien, pero terminan mal, ya sea porque ahuyentan la inversión o porque simplemente no funcionan. Es el caso, por ejemplo, del control de precios o de la injerencia que, a lo largo de los años, algunos candidatos han querido tener en el Banco Central de Reserva, una institución que funciona como debe gracias a su independencia. En general, el compromiso con el desarrollo debe estar asociado a uno con la estabilidad jurídica, al respeto a las reglas de juego y a la defensa de un armazón institucional macroeconómico que nos ha funcionado en el pasado.
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Dicho esto, es importante que, empuñando como motor lo que nos funcionó antes, nos preocupemos por mejorar algunas áreas que, desde hace mucho, hace falta fortalecer. En ese sentido, la aspiración debe ser a que en los próximos años podamos mejorar el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad ciudadana. Todas áreas en las que, aunque de gestión estatal, podrían beneficiarse de una colaboración más cercana con el sector privado. Herramientas como las obras por impuestos (sobre todo cuando hablamos de infraestructura escolar), por ejemplo, o programas que fomenten la digitalización en las escuelas, hospitales y hasta comisarías, podrían ser muy útiles. Al mismo tiempo, por el alcance territorial de las empresas, también hay mucho conocimiento que compartir en términos de canales de distribución y hasta de necesidades de los consumidores.
En esa línea, tener líderes que reconozcan en la empresa privada a un aliado será fundamental. Tanto como tener un sector privado que se interese en involucrarse en el desarrollo del país y en proponer soluciones para los problemas que más nos afligen.
Asimismo, es fundamental seguir fortaleciendo nuestras instituciones. Para ello, resulta clave promover prácticas que aseguren el buen funcionamiento de las organizaciones políticas. Además, es necesario garantizar un sistema de justicia eficiente y robusto para generar confianza, tanto en la ciudadanía como en los inversionistas. En resumen, las instituciones sólidas son la base para alcanzar un desarrollo sostenible y de largo plazo.
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El año preelectoral también debe llevarnos a reflexionar sobre otros problemas profundos del país. Resalta, por ejemplo, la informalidad, que lleva décadas sin alejarse del 70%. En este campo, necesitamos hablar de la reducción de las barreras burocráticas que limitan el acceso a la formalidad, así como la falta de información sobre lo que el proceso entraña. Desde el sector privado también podemos aportar a remediar esta problemática y complementar los esfuerzos que hagan las autoridades, con el impulso de programas que incentiven la creación de empleos formales y ofreciendo orientación a nuestros clientes sobre los beneficios de la formalidad y cómo alcanzarla.
El momento actual demanda que todos asumamos un rol activo en la construcción del futuro del Perú y en la discusión de los temas que lo definirán. Este es el momento de apostar por ideas que prioricen la libertad individual, el desarrollo económico sostenible y la reducción de la pobreza. Solo trabajando juntos –Estado, empresas y sociedad civil– podremos construir un país más próspero y con mejores oportunidades. Como empresarios, tenemos la responsabilidad de liderar con el ejemplo, demostrando que la libertad económica nunca ha estado reñida con el compromiso hacia el bienestar colectivo.
Y un buen primer paso hacia este escenario será reflexionando profundamente sobre a quién le damos las riendas de nuestro país.
(*) Galantino Gallo CEO de Prima AFP
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