
Piero Corvetto, jefe de la ONPE, ha herido seriamente al proceso electoral y lo ha enviado a cuidados intensivos. Los gritos de fraude, los pedidos de anulación y los cuestionamientos a todo el sistema electoral son producto de las escandalosas irregularidades de una institución que tiene como único mandato constitucional organizar las elecciones. ¿Puede Corvetto seguir al frente de este organismo durante la segunda vuelta?
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Conforme pasan los días, salen a la luz nuevas irregularidades y su permanencia se hace más insostenible. El jueves, el periodista Beto Ortiz reveló en su programa en Willax que cuatro ánforas de la ONPE con cédulas de votación fueron halladas abandonadas en una calle de Surquillo, junto a la basura. Claramente, el material estaba fuera de la cadena de custodia que, por ley, debe garantizar el personal de la institución.

La respuesta que dio la funcionaria de la ODPE de Surco, Claudia Sandoval, es igual de sorprendente que la denuncia: “Se nos olvidaron en el taxi”. ¿Ese es el nivel de rigurosidad que tiene la ONPE para resguardar la votación?
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En un intento por disminuir la gravedad de la denuncia, la ONPE respondió en un comunicado que esos votos ya figuraban en actas contabilizadas. Sin embargo, eso no justifica de ninguna manera que hayan violado su propia ley, la cual obliga a resguardar la cadena de custodia. Y valgan verdades: ¿quién en su sano juicio puede creer que, a un funcionario distrital, curiosamente, se le olvidaron cuatro ánforas en un taxi?
Otro hecho grave es que Corvetto le habría mentido al país, según la empresa Galaga, encargada de transportar el material electoral. El domingo 12 de abril, Corvetto afirmó que esta empresa no cumplió con llevar sus camiones a la hora y que los retrasos en la entrega eran responsabilidad de este operador.
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Cristian Castillo, abogado de Galaga, asegura que esto es falso. Según la empresa, ellos tenían los camiones listos en los almacenes hasta 24 horas antes de la fecha pactada; sin embargo, la ONPE no tenía el material embalado a tiempo. Incluso, Galaga cuenta con conversaciones de WhatsApp con funcionarios de la institución donde se acreditan las demoras internas. Todo esto ya está a disposición del Ministerio Público.
¿Por qué si Corvetto sabía de los retrasos no lo comunicó al JNE a tiempo? Con todo lo revelado la semana pasada, ¿podemos asegurar que solo se trata de negligencia o hay indicios de un posible dolo por parte de la cabeza de la ONPE?
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En todo caso, el JNE ya denunció penalmente, a través de su procurador, a Piero Corvetto por atentado contra el derecho de sufragio, omisión y demora de actos funcionales, además de obstaculización del proceso electoral. Todos ellos en agravio del Estado y la sociedad.
A partir de esta denuncia, es claro que el JNE ha perdido toda confianza en la labor de Corvetto. Entonces, ¿por qué los peruanos debemos aceptar que alguien que ha perdido la credibilidad y que enfrenta investigaciones penales deba conducir la segunda vuelta electoral?
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Corvetto ya envió a cuidados intensivos a este proceso electoral. No esperemos a que termine de asesinarlo en los próximos meses y desate un caos mayor al que ya estamos viviendo.
Omar Mariluz Laguna es periodista.








