La aprobación en la Comisión de Energía y Minas de la ampliación del Reinfo hasta el 2027 no solo es un retroceso; es una apuesta contra la legalidad. Lo es por sí misma, pues se trata de una nueva prórroga a un régimen que lleva varios años sin resultados, pero sería infinitamente peor si el Pleno termina validando la reincorporación de los más de 50,000 registros excluidos. Sería el equivalente a abrir las puertas para que la minería ilegal siga cobijándose bajo un paraguas administrativo que, en la práctica, le garantiza impunidad.
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Hoy se quiere disfrazar la ampliación como un gesto hacia la “pequeña minería”. Pero los propios datos del Minem muestran que el efecto positivo del Reinfo ha sido marginal y que miles utilizaron este registro para operar al margen de la ley mientras ganaban tiempo. Además, por encima del 90% de los inscritos en el registro están suspendidos cuatro años o más. Reintegrar a quienes fueron separados por incumplir requisitos elementales equivale a borrar el principio básico de formalización: cumplir las reglas.
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El Congreso, además, parece decidido a actuar con nula claridad técnica y con mucho interés político. Lo aprobado en comisión tuvo un debate confuso, modificaciones improvisadas y un cierre atropellado que dejó dudas incluso entre los propios legisladores. La presión de grupos movilizados frente al Parlamento está pesando más que los informes de especialistas, los gremios o las advertencias de quienes conocen el impacto de la minería ilegal en el medio ambiente, la seguridad y la economía.
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Frente a este escenario, el Gobierno no puede seguir mostrando ambigüedad. El premier Ernesto Álvarez ha señalado que aún no existe una posición definitiva, pero la inminencia del despropósito exige una respuesta firme. El Ejecutivo y el mismo Álvarez (como lo dijo en entrevista con Gestión) deben recordar que sí tienen herramientas: observar la norma y acudir al Tribunal Constitucional si el Pleno insiste en aprobarla. No bastará para frenar un posible intento de insistencia congresal, pero sería una señal de que el Gobierno no será cómplice de un mecanismo que protege a operadores ilegales y erosiona la institucionalidad.
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El presidente José Jerí, que asevera gobernar bajo el interés nacional y no de un partido, como lo ha reiterado el premier, tiene aquí una prueba decisiva. No se puede combatir la criminalidad mientras, al mismo tiempo, se permite que un instrumento capturado por la informalidad se perpetúe. Mucho menos cuando la minería ilegal se ha convertido en uno de los motores del crimen organizado y de tantas muertes en el país.
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El Perú necesita un Estado que marque límites. Si el Congreso quiere prolongar indefinidamente un régimen fallido, el Ejecutivo debe, al menos, dejar claro de qué lado está: del lado de la ley, del interés público y de la defensa del Estado frente a la ilegalidad de quienes buscan capturarlo.
