Catedrático de las Universidades del Pacífico, UPC y UCSUR. Director de la Maestría en Tributación de la UPC
El estudio “Informalidad 360°” del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha revelado datos de gran relevancia sobre el estado de la informalidad en nuestro país durante el 2022. En un contexto en el cual la recaudación fiscal se va recuperando poco a poco tras la crisis del 2020, es importante observar aquellos factores que podrían retrasar esta mejoría.
En ese sentido, el estudio realizado por la CCL afirma que en el país existen al menos 9.1 millones de negocios, siendo que al menos 5.5 millones de éstos son informales; es decir, más de la mitad de los emprendimientos en el Perú están fuera de la tan necesaria formalización.
El problema de la informalidad no es nuevo en una sociedad como la nuestra. Sin embargo, son los motivos o razones que están detrás los que -a pesar de tenerlos claramente identificados-, no se les ataca con eficacia, combatiendo así la referida “cultura chicha empresarial”.
LEA TAMBIÉN: Política laboral: ¿cuáles son las prioridades?
Según expone el citado Informe, de estos negocios, el 51% de empresarios cree que no es necesario consignar sus actividades y a la empresa como tal en los registros de la SUNAT; adicionalmente, un 5% se mantiene en la informalidad por desconocimiento sobre el proceso de formalización o por considerar que este trámite es complejo o exige bastante tiempo.
Incluso se aprecia que la informalidad ha crecido en un 7.9% a comparación del 2021. Una explicación de esto puede ser el boom de emprendimientos online que se ha dado desde el 2020, con la transición a un comercio virtual accesible a todos. Sin embargo, tanto aquellos que tuvieron éxito como los que no, en la mayoría de los casos estos comercios cibernéticos no han contado ni cuentan con la necesaria inscripción en el RUC, y por ende, no han de declarar finalmente sus transacciones e impuestos.
Otro factor a tomarse en cuenta para explicar esta gran informalidad es el bajo crecimiento económico a nivel nacional, con negocios que son meramente “de subsistencia” y que no soportarían una carga fiscal, aunado ello a la inflación de la que se padece en el país y que, según análisis del Banco Central de Reserva, se extendería hasta fines del presente año.
Además, de estos negocios informales, el 39% tiene una antigüedad menor a un año, mientras el 28%, entre uno a cinco años, siendo que apenas un 7% de estos negocios tiene más de veinte años. Es decir, la mayoría de emprendimientos informales se han originado en el último año, porque, por ejemplo, muchos trabajadores fueron despedidos de sus puestos, y han necesitado “recursearse” bajo una empresa unipersonal.
Respecto a un análisis del lugar de las locaciones, Lima ostenta el 35.9% de los negocios informales, siendo entonces a la capital la región con el mayor porcentaje de estos negocios, y Piura la segunda mayor, con un 7.2%. Sobre las actividades de estas empresas, las más desarrolladas son las de comercio, con un 34.2%; transporte y almacenamiento, representando un 22.2%; además de alojamiento y restaurantes, con un 12.6%.
Es necesaria entonces una concientización de la necesidad de tributar, pero que ello se vea clara y transparentemente redundando en obras y servicios. El aumento de la base de contribuyentes es un clamor que no se resuelva por años. No se hace mayores esfuerzos por ello y se sigue fiscalizando y “ahorcando” a los mismos de siempre, porque seguramente es lo más fácil y cómodo para el Estado, al cual le faltaría personal y recursos para hacer un seguimiento a todos.
Es perentorio simplificar los regímenes tributarios empresariales, difundir las normas impositivas, eliminar de la carga fiscal a las empresas de mera subsistencia, simplificar las normas y reglamentarlas a tiempo, permitir que la opinión del contribuyente sea tomada en cuenta, entre otros aspectos.
No es posible que el contribuyente le tenga pavor a una multa que prácticamente lo descapitaliza y lo empuja a no arriesgarse a ser formal. Las multas -técnicamente- no son de efecto recaudatorio, sino un elemento de disuasión, y deberían estar de la mano con la real capacidad contributiva de las personas. Algo que hoy no existe.
La verdad de las cosas es que el mínimo grupo de formales en este país, carga finalmente sobre sus hombros fiscales con la inmensa masa de informales y sus necesidades de apoyo público.
Muchos de los informales pudieran contribuir, pero no lo hacen porque su zona es hoy una de confort, de mayor crecimiento sin presiones fiscalizadoras y posiblemente -en tal sentido- de cero contingencias.
La labor de fiscalización, junto a la educación tributaria, reiteramos, se hace imprescindible y algo -que duda cabe- “para ayer”.
