¿Buscando el punto y coma?

Se busca entonces -por ejemplo- la firma exacta al DNI en una guía de entrega, se piden correos y presupuestos, guías de remitente con exactos y perfectos datos del vehículo de transporte, inequívoca dirección del punto de partida y de llegada, coherencia entre la unidad de medida en la factura versus la consignada en la guía, y un largo, por lo general muy largo, etcétera.

Evidentemente estaremos ante datos y exigencias que una empresa Mype que recién comienza o desea formalizarse no lleva bajo un estricto control (al parecer se asume que nacerá muy ordenada); y lo curioso es que a más pruebas presentadas, otras más serán requeridas, porque la presunción (que muchos sienten en carne propia) es que “el contribuyente no dice la verdad”. Y por ende, presentará un documento y no le creerán sobre su fehaciencia, así presente otros más.

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Y lo lamentable es que el Tribunal Fiscal en vía de apelación ratifica en muchos casos el reparo por esa supuesta “operación no real”, muy a pesar que en reiteradas jurisprudencias el mismo ente colegiado ha señalado y/o recomendado que se debe de revisar un mínimo de pruebas más allá del comprobante de compra, señalando así, implícitamente, que debe de haber una razonabilidad en la exigencia probatoria.

¿Pero no sería lógico revisar -por ejemplo- en el sujeto fiscalizado el inventario, o hacer cruces con su proveedor, y/o verificar la relación costo/ingreso, entre otras acciones? Ya se ha señalado por el Poder Judicial que si el Fisco puede recabar las pruebas directamente o éstas están a su alcance, pues sobre él recaerá la carga de la prueba (en aplicación de la llamada “prueba dinámica”).

Recordemos que estamos ante una realidad compleja (no comparable con fiscalizaciones que se generan en otras latitudes), donde la empresa Mype -que desea ser formal- viene de una situación de duro y brutal desorden, donde campea la falta de detalles de control, además de la inexistencia de una asesoría directa contable y tributaria que mínimamente les advierta sobre el guardar documentos ante la prescripción.

Así, esa sufrida Mype se formaliza, le notifican una fiscalización y la Administración Tributaria le desconoce de inmediato sus gastos y costos por ausencia de pruebas de descargo o incoherencias documentarias de defensa, llevándose finalmente un porcentaje del margen de la presunta utilidad, o le desconocerá adicionalmente los débitos fiscales y por lo tanto cobrará más IGV mensual; todo ello aunado al hecho de la aplicación de ingentes multas, muchas de ellas relacionadas a los Ingresos Netos, lo cual se tilda de “confiscatorio”.

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La pobre Mype tendrá entonces que buscar cómo pagar la deuda generada o la reclamará (aumentando de esa forma la litigiosidad nefasta para el Estado), generando esta situación -en muchos seguramente- las ganas de volver a esa informalidad de las que quería salir, pero que le era finalmente un remanso de paz, creándose así una enorme y perversa paradoja. ¿Estamos ante una nueva versión del famoso Mito del “eterno retorno”?.

Muchos recomiendan entonces que la Administración, en vez de buscar el “punto y coma” en un documento fiscalizado, debería de aplicar el principio de la “realidad económica” (que ya está presente en la Norma XVI del Código Tributario), y no ratificar -con sus actos discrecionales- que la “forma está por encima del fondo”, lo cual es un irreal sinsentido.

Tenemos fé y confianza en que el Fisco ha de tomar nota de estos aspectos reseñados, y habrá entonces una mayor racionalidad en sus Requerimientos, evitando que se califiquen a ciertas fiscalizaciones como generadoras de “abusos del derecho”.

SOBRE EL AUTOR

Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

Catedrático de las universidades del Pacífico, UPC y UCSUR. Director de la Maestría en Tributación de la UPC.