
Carlos E. Paredes Socio de Intelfin Estudios y Consultoría y docente de la U. Continental1. Recientemente, el Gobierno publicó el Marco Macroeconómico Multinanual 2026-2029 y el proyecto de Presupuesto 2026. Hasta no hace mucho, ambos documentos resultaban cruciales para anticipar la marcha de la economía. Hoy, solo permiten constatar el deterioro de la institucionalidad fiscal, la opacidad del Gobierno en materia económica y el mundo ficcional en el que viven nuestros gobernantes.
2. Aunque se anuncia un déficit fiscal de 2.2% del PBI para el 2025 y de 1.8% para el 2026, estas cifras serán difíciles de alcanzar, aún con los actuales precios de nuestras exportaciones. En efecto, la institucionalidad fiscal se ha debilitado y el MEF ha perdido el control de la rienda fiscal. De hecho, el déficit estructural –que limpia el efecto de los precios de exportación de las cuentas fiscales– se sitúa en un preocupante 3% del PBI para este año.3. La situación actual contrasta dramáticamente con lo que hicimos en el anterior superciclo de los commodities (2006-2013), cuando registramos superávits fiscales y acumulamos ahorros en el Fondo de Estabilización Fiscal. En efecto, en el periodo 2006-2013, el índice de términos de intercambio promedió 99 y se registró un superávit fiscal de 1.5% del PBI. En contraposición, para este 2025, el índice de términos de intercambio se estima en 154 (una mejora significativa) y se proyecta un déficit fiscal de 2.2% del PBI (en el mejor de los casos). Enorme diferencia.
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4. Hoy, el Gobierno no solo no está “guardando pan para mayo”, sino que gasta más de lo que le ingresa y, por lo tanto, pide prestado, aumentando así la deuda pública en un periodo de supuesta bonanza fiscal. ¿Comportamiento responsable y transparente? ¡No! Se trata de un comportamiento procíclico, inconsistente con la prudencia macroeconómica. De hecho, el comportamiento del Ejecutivo y del Congreso resulta irresponsable y opaco. Ambos están socavando la institucionalidad fiscal que nos permitió salir del foso y sobresalir en materia macroeconómica durante muchos lustros.
5. La fuerte expansión del gasto corriente y la creciente asignación de recursos a los gobiernos subnacionales resultan peligrosas y socavan la sostenibilidad fiscal. Por un lado, el gasto corriente es inflexible a la baja y genera rigideces que derivarán en mayores déficits en el futuro, cuando los ingresos extraordinarios disminuyan o desaparezcan. El planeado incremento de 12% en la planilla pública es alarmante. En el 2024, los gastos de personal y obligaciones sociales ya ascendían a S/ 79 mil millones y representaban más de 2.8 veces el nivel del 2013, cuando terminó el superciclo anterior. Es notorio que los fuertes incrementos salariales de los últimos años no se han traducido en una mejora de los servicios públicos.
6. Por otro lado, se ha optado por asignar más recursos a entidades subnacionales, que no solo gestionan deficientemente el gasto público, sino que también es donde han explotado notorios casos de corrupción. El MEF, al incrementar la asignación presupuestal a quienes carecen de la capacidad de ejecutar gasto de calidad de manera oportuna, está nuevamente debilitando la institucionalidad fiscal. El riesgo de otorgar muchos más fondos a alcaldes y gobernadores en su último año de mandato es muy grande.
7. El caso de los recortes abruptos en los recursos de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) es un claro ejemplo de los problemas con la gestión del gasto público. A pesar de que el MEF justificó la medida por falta de fondos, estos frenazos abruptos terminan costándonos más al final. Como hemos señalado anteriormente, en lugar de embarcarnos en nuevos proyectos, la prioridad debería ser concluir las obras ya iniciadas. Sin duda, la tasa de retorno de los recursos destinados a concluir y poner en operación proyectos que de otra manera se paralizarán, es mucho más alta que la de aquellos que se asignen a nuevos proyectos, cuya ejecución y conclusión es incierta.

8. El Congreso, por su parte, agrava el panorama fiscal al aprobar constantemente medidas legislativas que erosionan la base tributaria, concediendo tratamientos preferenciales a diversas actividades y regiones. Las exoneraciones que se vienen otorgando pronto se transformarán en derechos adquiridos intocables que socavarán la recaudación tributaria. No solo eso, contra lo estipulado en la Constitución, el Congreso viene aprobando iniciativas de gasto y generando compromisos fiscales permanentes lo cual constituye un peligroso precedente que también atenta contra nuestra institucionalidad fiscal.
9. En síntesis, la irresponsabilidad y el populismo del Legislativo, junto a la falta de liderazgo y compromiso real con la sostenibilidad fiscal del Ejecutivo, están socavando la disciplina fiscal, la piedra angular de nuestra envidiable estabilidad macroeconómica. Sin embargo, todavía tenemos la oportunidad de corregir los problemas con el proyecto de presupuesto antes de que se apruebe la ley a fines de noviembre. Claro, para que esto suceda, será necesario convencer al MEF y al Congreso de que actúen con transparencia y responsabilidad fiscal. Tarea difícil, pero no imposible.