Mejores profesionales en el sector público y en la política

Socio Fundador de Amrop Perú

Desde hace varias décadas, las principales compañías de diversos sectores económicos (y aquellas empresas pequeñas y medianas que recorren el camino para pertenecer al primer grupo) hacen grandes esfuerzos y se toman muy en serio el trabajo de seleccionar bien profesionales idóneos encargados de planear y ejecutar las decisiones más relevantes de sus respectivas organizaciones. Si este es un reto tomado con muchísima seriedad por el sector privado, imagínense lo crucial que debería ser para el Estado y el gobierno la selección de los decisores de los destinos de la estructura organizacional de toda una sociedad y territorio. Sin embargo, en contraste, la realidad pública y política del Perú no nos dan luces de avances en ese sentido. Muy por el contrario, la precariedad profesional, intelectual, ética y moral viene tocando fondo. ¡Hoy más que nunca!

Recientemente, el Ejecutivo observó el proyecto de ley que tiene como propósito fijar requisitos mínimos para ocupar el cargo de ministros y viceministros en el Perú. ¡Insólito! Claramente, una ruta equivocada. Debemos entender que gran parte del descontento de la población contra el establishment político y económico tiene raíces en paupérrimos niveles de gestión pública. La pregunta aquí es ¿y cuándo el Legislativo publicará por insistencia la referida ley? La pandemia derivada de la propagación de la COVID-19 ha desnudado la escasa capacidad del Estado de entregar servicios de calidad para la ciudadanía. Al respecto, respaldamos la reciente declaración de Julio Velarde, Presidente del BCRP: “Si queremos crecer económicamente se necesita un sector público que esté preparado”. Y, qué duda cabe, para distribuir ingresos, reducir pobreza y generar fuentes de trabajo, necesitamos seguir creciendo.

Pues bien, hagamos propuestas para cerrarle el camino a los improvisados, incompetentes, agresores, misóginos y corruptos que hoy invaden el aparato público. No es novedad que el gobierno central y los gobiernos regionales son ineficientes en su gasto. De hecho, la Universidad del Pacífico calculó que a inicios de noviembre del 2021 del presupuesto destinado para proyectos de inversión en el país faltaban gastar más de S/ 25 mil millones. ¿Esta situación es culpa del modelo económico? ¡No! De hecho, la estabilidad monetaria y el equilibrio fiscal son condiciones macroeconómicas indispensables para crecer, y en consecuencia, generar riqueza. Eso lo hemos hecho realmente bien. Entonces, ¿cuál es el problema que debemos atacar? La raíz del problema es la falta de capacidad de gestión, integridad y de buena selección de talento para el Estado.

Si vemos esta problemática en el nivel de los gobiernos regionales, el resultado puede ser aún más dramático. Lamentablemente, nuestra regionalización, cuyo punto de partida fue el gobierno de Alejandro Toledo, ha sido inconclusa. Se transfirieron recursos (monetarios), mas no capacidades. Sumado a la corrupción, el Estado no ha sabido reclutar al talento adecuado para implementar con eficiencia y enfoque social todos los proyectos de inversión pública que las brechas existentes en el Perú tanto necesitan. Entonces, la pregunta es: ¿Qué perfil profesional y ético requiere la burocracia estatal? Detallo:

• Experiencia de gestión, sea pública (de preferencia) o privada, además de mínimamente de entender cómo está organizada la administración pública.
• Equipos multidisciplinarios que puedan responder técnicamente a los requerimientos de cada sector y región.
• Liderazgo participativo, situacional y concertador, dialogante, con sentido de urgencia y pensamiento estratégico.
• Que la filiación política nunca esté por encima de las capacidades profesionales.
• Conocer profundamente el respectivo sector o región, o contar con las capacidades para aprender y adaptarse en plazos muy breves.
• Orientación a lograr objetivos medibles y cuantificables que le permita ejecutar proyectos con un claro retorno económico social que impulsen el desarrollo sostenido de su sector.

Básicos no negociables: además de comprobadas referencias laborales, logros demostrables y estar limpio en el sistema financiero y judicial. No podemos seguir admitiendo altos funcionarios ni cargos de confianza con pasado turbio, morosos, agresores, entre otros vicios. En este punto, un grupo de headhunters independientes podría ayudar para darle apoyo al gobierno de turno.

Para lograr limpiar el aparato del Estado, mi recomendación es que las convocatorias a este tipo de profesionales y gestores públicos sean transparentes, honestas y fáciles de transmitir. ¿Cómo? Desde mi punto de vista y experiencia, se debe tercerizar la convocatoria y prefijar filtros de selección para presentar ternas ad hoc. Esta práctica no es nueva. Por ejemplo, Amrop intervino en los principales reclutamientos para la administración del Presidente Vicente Fox en México, así como gran parte de los funcionarios que lideraron la administración de Margaret Thatcher en el Reino Unido fueron reclutados por prestigiosas firmas de headhunting. Y ejemplos adicionales sobran. Cada vez es más común ver que los gobiernos utilizan mecanismos de headhunting o de búsqueda especializada para captar talento que tenga interés y motivación para trabajar en el Estado y servir a su país; sin embargo, en el Perú persisten algunas limitantes que finalmente llevan a que, aunque exista la voluntad y buena intención, el proceso de selección no sea efectivo.

Con relación a las limitaciones aludidas en el párrafo previo, me permito mencionar tres. En primer lugar, la baja retribución por el trabajo realizado. Nuestro vecino del sur, Chile, cuenta con un nivel promedio de salarios entre funcionarios del Estado que es absolutamente competitivo con el sector privado. Es un error populista (muy propio de los presidentes peruanos) vender la idea de que un funcionario ‘sacrificado’ con un sueldo bajo es un mejor servidor público. Los profesionales más productivos y mejor entrenados demandan siempre mejores sueldos. De lo contrario, las barreras de ingreso de nuevo talento de calidad al Estado seguirán siendo altas. Segundo, exposición a procesos sancionadores o judiciales. Hemos sido testigos de múltiples funcionarios que ingresan a trabajar al Estado plagados de buenas intenciones e ideas, pero que terminan “trasquilados” por una serie de denuncias guiadas únicamente por componendas políticas. En tercer lugar, la estigmatización del trabajador del Estado. Este es un claro desincentivo en tanto ningún profesional decente y competente tiene ganas de estar bajo permanente sospecha de corrupción. Todos estos puntos deben ser necesariamente revertidos.

Finalmente, quiero insistir en la necesidad de que los funcionarios públicos persigan cada vez más objetivos medibles y cuantificables. En ese sentido, recojo la idea de Augusto Townsend sobre la existencia de numerosas dependencias del Estado que cuentan con más gente de la que necesitan. Por ello, sería lógico reducir las posiciones innecesarias o duplicadas para que, con el dinero que quede libre, le podamos pagar mejor a quienes sí hacen un trabajo que reditúa de forma medible. El mejor ejemplo es el Presidente del BCRP, Julio Velarde, cuyo sueldo y bonos fueron irresponsablemente expuestos en Twitter por el Secretario General del partido de gobierno, Vladimir Cerrón. Sin dudas ni murmuraciones, Velarde podría quintuplicar su salario como Economista Jefe (o algún cargo similar) en innumerables bancos internacionales. No obstante, ¿cuántos miles de millones de dólares se ahorra anualmente la economía peruana por mantener su inflación en un dígito desde hace más de 20 años? Pues sí, ese es el poder de contar con funcionarios competentes, de trayectoria impecable y que persiguen objetivos medibles y cuantificables.

Finalmente, los conceptos aquí vertidos debieran aplicar no solo para el Estado y el gobierno de turno sino también para los tan venido a menos partidos políticos que deberían filtrar mejor a sus correligionarios y sus candidatos a congresistas o autoridades. Igualmente, debiera haber leyes que nos protejan de candidatos a presidentes de la república que no cumplan requisitos mínimos. Eso que solo ser peruano mayor de 35 años para postula es una aberración que nos traen los problemas que hoy vivimos durante los últimos ocho meses… ¡A buen entendedor, pocas palabras!