Feriados: ¿retrocediendo sobre nuestros pasos?

Nuestros congresistas nunca dejarán de sorprendernos. Con fecha 5 de febrero, el congresista Wilson Soto Palacios y el Grupo Parlamentario Acción Popular han presentado un proyecto de ley que pretende modificar las ultimas leyes que incorporaron nuevos días feriados en la legislación laboral peruana, con la finalidad de que los mismos sean declarados, solamente, como conmemorativos y laborables en el sector público y privado, con la finalidad de fortalecer la productividad.

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Además, el proyecto de ley busca la creación de una comisión multipartidaria en el interior del Congreso para evaluar los feriados establecidos en la legislación laboral peruana y los regulados por los gobiernos regionales y locales, con la finalidad de fortalecer la competitividad del país.

Todo esto en la línea contraria al rumbo que traía el Congreso para la generación de nuevos feriados, como era la propuesta para declarar al 21 de junio como feriado para conmemorar el “Nuevo Año Andino”.

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Lo preocupante de este proyecto de ley es que es el mismo Congreso o congresistas que aprobaron muchos de los nuevos feriados, ahora –en menos de dos años de discutidos y aprobados los mismos– entienden que estuvo mal y quieren retrotraer sus actos. Nos preguntamos: ¿recién se dan cuenta que la generación de los feriados afecta las relaciones laborales?

Con ello queda claro que es vox populi que los congresistas no analizan correcta ni técnicamente los proyectos de ley que se discuten en el pleno del Congreso y seguramente mucho menos en la Comisión Permanente, sino que levantan la mano por levantarla o por otros motivos más preocupantes.

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Pero ello no es nuevo. Si revisamos unos años atrás, nuestros congresistas también dieron marcha atrás en leyes como la que creaban un régimen laboral especial para los jóvenes (Ley Pulpín) y la ley que obligaba a los locadores de servicios a aportar a un sistema de pensiones, como consecuencia de las protestas públicas de los jóvenes peruanos y a los cuestionamientos de los locadores de servicios; respectivamente.

Fuera de este sorprendente cambio de rumbo y posición del Congreso, con la cual podríamos estar de acuerdo, nos preguntamos si legalmente es válida la propuesta legislativa en el marco del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales o el carácter progresivo en la generación de derechos laborales. En otras palabras, para que este proyecto tenga viabilidad, somos de la opinión que resulta importante analizar y determinar si es constitucionalmente factible que, una norma legal, les quite derechos a los trabajadores.

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Sin embargo, el proyecto bajo análisis no tiene ni una sola palabra respecto al análisis que planteamos en el párrafo anterior en una clara demostración del poco sustento técnico realizado para su elaboración y evaluación.