El Ministerio de Cultura y su falta de predictibilidad

Las leyes, reglamentos y demás normas que delimitan una determinada actividad conforman el universo en el que se mueven los inversionistas y cualquiera que inicie un negocio sin importar su tamaño, es lo que usualmente llamamos “las reglas de juego” y nos pueden anticipar con alguna certeza si lograremos alcanzar los objetivos en un determinado tiempo, eso que llamamos predictibilidad y seguridad jurídica.

Los riesgos siempre estarán allí, se pueden prever y deben ser razonables para la viabilidad de cualquier proyecto. Lo que no puede ocurrir y mucho menos en un país como el Perú, en el que sus autoridades aseguran son respetuosas de la institucionalidad y la legalidad, es que se decida de manera unilateral y sin mayores explicaciones, cambiar “las reglas de juego”, excluir a los demás jugadores de estas decisiones o simplemente acabar la partida.

Un ejemplo de estos abruptos cambios extremos , que siembran desconfianza e inseguridad, es lo advertido en un comunicado por Perupetro, la agencia estatal de promoción de la inversión de hidrocarburos, que alertó que el Ministerio de Cultura avanza rápidamente y sin rigor procesal, en crear una reserva indígena que abarcaría los lotes de hidrocarburos 39 y 67 en Loreto, los que se encuentran en etapa de desarrollo y producción y fueron concesionados hace 20 años, a través de contratos firmados por los Ministerios de Economía y Finanzas y Energía y Minas.

El territorio propuesto para esta reserva ha sido largamente estudiado in situ por la industria petrolera en acompañamiento con el Estado Peruano y se determinó que en esa área existen poco mas de 250 millones de barriles de hidrocarburos, casi el 25% de todas las reservas probadas del país, y durante todo este tiempo no se halló evidencia ni se han reportado situaciones que pudieran indicar la presencia de pueblos indígenas en aislamiento (PIACI).

Sin embargo, lo que no se pudo conocer en 20 años de exploración en campo, un estudio de unos pocos meses lo habría probado. En este proceso de comprobación no ha participado las comunidades nativas que habitan ancestralmente esa zona, quienes fueron excluidos pese a sus reiterados pedidos de ser escuchadas. Lo mismo ocurrió con la empresa que opera los lotes impactados.

De acuerdo con ese estudio (que es reservado y no se pueden conocer mayores detalles) allí existen PIACI y en consecuencia debe convertirse en una reserva indígena con una extensión mayor a 10 mil kilómetros cuadrados en frontera con el Ecuador, territorio que equivale a dos veces el departamento de Tumbes o todo Ucayali, con un régimen legal de intangibilidad, es decir nadie mas puede estar allí, solo los PIACI y todas las demás actividades deberán retirarse, incluidas las del propio Estado peruano y esto aplica también para puestos militares y policiales.

Las circunstancias que rodean este caso hecha poderosas dudas sobre la transparencia con la que se ha actuado y si las decisiones responden efectivamente a hechos extraordinarios, en los que contra toda posibilidad existen PIACI, donde nunca, por muchos años, alguien vio o reportó su presencia, salvo aquellos vinculados con ciertas ONG.

Lo que sí está probado, documentadamente, es que en esa zona se desarrollan actividades criminales como el narcotráfico, la tala y la minería ilegales las que, si permanecerán, será casi un territorio exclusivo para ellas.

Si esta reserva indígena se crea sin respetar un debido proceso, sin rigor científico y sin la concurrencia de todos los que tienen legítimo derecho a participar, el daño será enorme en lo económico y social, pero se afectará también la reputación del país como un socio confiable. Perderá el Perú que dejará enterrados millones de barriles de petróleo que ahora debe importar, perderá la empresa que invirtió millones de dólares en la exploración y explotación de hidrocarburos que no podrá producir, pierde Loreto que no recibirá el canon por la producción de hidrocarburos, pero quienes pierden mucho mas son las comunidades nativas que no podrán titular sus tierras, ni continuar con sus actividades económicas, tampoco tendrán la posibilidad de acceder a proyectos de infraestructura, energía, educación, salud y telecomunicaciones que les permita mejores oportunidades de desarrollo, serán obligadas a conformarse a una vida de subsistencia o en el peor de los casos podrían ser captadas por las mafias que operarán libremente en ese territorio. Es legítimo cuestionar ¿quién realmente ganará con todo esto?