Escribe: Enrique Castillo, periodista.
Quizás la imagen más patética de las últimas semanas ha sido la de los transportistas marchando para llamar la atención del Gobierno y para pedir mayor seguridad, mientras la policía les echaba gases lacrimógenos para tratar de dispersarlos.
Los encargados de brindar seguridad y salvaguardar la vida de la población atacando a la población y a las víctimas de la delincuencia que, cansados de tanta indolencia de parte del Gobierno, exigen que el Estado cumpla con su labor.
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Obviamente los efectivos policiales no actuaron por iniciativa propia. Cumplían órdenes superiores de autoridades que realmente no saben qué hacer con sus cargos, con sus atribuciones, ni con los problemas que enfrentan.
Y así llegamos al paro de ayer, un paro que no protesta por el incremento del precio de los combustibles ni por el incremento de los pasajes, protesta por el incremento de las extorsiones y de los asesinatos, protestan porque todos los días los extorsionadores y los sicarios matan a un chofer, un cobrador, o un pasajero, literalmente a vista y paciencia de las autoridades y de los miembros del Gobierno que no han hecho nada o hacen muy poco ante el avance de la delincuencia.
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Seamos claros, no bastan los siempre anunciados estados de emergencia que no han servido para nada, ni los “operativos”, ni las detenciones de algunos delincuentes, ni las ¿advertencias? o frases fuera de lugar de la presidenta señalando que le están respirando en el cogote a los sicarios.
Todo eso es sensacionalismo, un show mal montado. Lo concreto es que las acciones de este Gobierno (como las de todos los últimos gobiernos y ministros del Interior anteriores) no han servido para frenar el avance de las organizaciones delictivas.
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Estamos ante un problema que requiere de un profesionalismo, organización, planificación, estrategias, equipamiento, convicción y mística que no se la podemos pedir a este Gobierno.
Si hubiera algo de esto en el Gobierno de Dina Boluarte, por respeto a las vidas humanas que se pierden todos los días y en todo el país, y por esta justificada protesta que es consecuencia de la desesperación y el hartazgo de toda la ciudadanía, ya no estaría el ministro del Interior o hasta el premier, así como altos oficiales de la PNP.
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Y si hubiera algo de consecuencia en los congresistas, los políticos, en los empresarios, en los activistas, en los policías y militares, y en todos nosotros como ciudadanos, estaríamos marchando con los transportistas que lo único que piden es no ser asesinados, vivir con seguridad y trabajar en paz. ¿Acaso nosotros no queremos lo mismo?
Este Gobierno no va a poder enfrentar este problema con éxito. Pero tenemos que empujarlo y obligarlo a hacer de este esfuerzo su primera prioridad. Tenemos que obligarlo a convocar a los mejores especialistas, nacionales y/o extranjeros, pero no a los “figuretis” que salen en medios a decir que hacer, cuando no hicieron nada o hicieron muy poco cuando fueron autoridades en el sector.
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En Chile, los paros de transportistas y las protestas ciudadanas por la inseguridad, pusieron contra las cuerdas al presidente Gabriel Boric, que tuvo que reaccionar y trabajar con el Congreso y los carabineros, para tomar decisiones, buscar acuerdos, articular esfuerzos, dar leyes adecuadas, destinar buen presupuesto, y fortalecer a los carabineros. Y a pesar de todo esto, todavía la lucha contra las organizaciones criminales es una tarea en desarrollo en Chile.
Aquí nos pasará lo mismo. El Gobierno de Dina Boluarte ha fracasado hasta ahora. Tiene que rectificar y dejarse de triunfalismos. Debe trabajar prioritariamente en lo urgente y en sentar algunas bases para enfrentar el problema, pero con acuerdos políticos. El Congreso debe salir de su caparazón que los mantiene alejados de la realidad y aprobando leyes para su propio y único beneficio.
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Pero hay una tarea mucho más importante. Y esa le corresponde a los candidatos a la Presidencia, a los partidos que van a la campaña. La lucha contra el crimen organizado debe ser una política de Estado y no una bandera electoral. Debe ser un objetivo común de los partidos que realmente buscan el bienestar de la población y el desarrollo del país.
No hablamos de los partidos que representan oscuros y delictivos intereses en favor de las mafias, ilegales o los informales; de los que buscan las licitaciones de patrulleros, motos, radios, u otros equipos para enriquecerse; o de los que se hacen los locos y miran al cielo mientras matan a los nuestros.
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Desde ya debe trabajarse un acuerdo, compromisos, y un programa común de lucha contra el crimen. Una política de Estado que sea priorizada, trabajada, desarrollada, y respetada por todos. Los partidos y gremios deben poner a disposición de este acuerdo a sus mejores especialistas con las mejores propuestas.
Y todo esto ya, para empujar y obligar al Gobierno, para que no sea solo tinta en un papel, para que no sea un carnaval de promesas vacías en plena campaña con lluvia de patrulleros o motos, para que no sea una burla a la ciudadanía, y para que en los siguientes gobiernos no sigamos contando muertos o encerrándonos en nuestras casas.
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Sería ideal que algún potencial candidato o candidata decline humilde y generosamente a sus aspiraciones para ponerse al frente de este acuerdo y para convocar a los mejores.
Podría ser Carlos Añaños, ahora que ya no sería candidato, y que tiene buena reputación, visión empresarial, y capacidad de organización. Podría ser también el Acuerdo Nacional, pero con una visión y convicción moderna y ejecutiva. Podría ser cualquiera que quiera hacer algo bueno por el país.
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