Escribe: Omar Mariluz, director periodístico de Gestión.
Wilmer Huarcaya, un humilde vendedor ambulante de sandalias, fue asesinado en la cuadra 9 de la Av. Aviación, en pleno emporio de Gamarra. Su crimen: negarse a pagar los S/20 diarios que extorsionadores le exigían. En Los Olivos, un bus lleno de pasajeros de la empresa Etuchisa fue baleado por delincuentes en moto.
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En Trujillo, la urbanización Palermo vivió momentos de terror cuando extorsionadores detonaron dinamita en una tienda de construcción, afectando a más de 100 alumnos de un colegio cercano. Y en Chiclayo, la organización criminal “Los Norteños” exige S/60 mil a un pollero, bajo la amenaza de asesinar a su familia.
Estos son solo algunos casos que han ocurrido en las últimas dos semanas. El crimen organizado ha tomado el control de las calles del Perú, extorsionando y sembrando miedo a lo largo y ancho del país. Desde enero hasta julio de este año, el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) ha registrado 10,617 denuncias por extorsión. Esto significa que, cada hora, dos peruanos son víctimas de este flagelo. Y esos son solo los que se atreven a denunciar; miles más eligen el silencio y continúan pagando cupos.
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Frente a este cáncer que avanza agresivamente, ¿cómo ha respondido el Gobierno? ¿Qué ha hecho el ministro del Interior, Juan José Santiváñez? ¿Qué medidas concretas ha tomado el Congreso? Lamentablemente, las respuestas son claras para todos: las prioridades de nuestras autoridades están en otro lado. Mientras el crimen organizado se fortalece, el Gobierno parece más interesado en perseguir a periodistas que en enfrentar a los delincuentes. La presidenta Dina Boluarte, en lugar de corregir el rumbo, parece abrazar esta indiferencia.
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha solicitado a la presidenta que convoque al Consejo de Estado para tratar la creciente criminalidad. Sin embargo, el mismo Gutiérrez presentó recientemente una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto que busca extinguir propiedades adquiridas con dinero ilícito. Este retroceso beneficiaría a figuras como Vladimir Cerrón y afectaría gravemente la lucha contra el crimen organizado.
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Por si fuera poco, el proyecto de presupuesto 2025 asigna S/15,532 millones para seguridad y orden público, un recorte de 4.3% en comparación a lo asignado para este año. Pero la realidad es que, sin una estrategia clara, la cantidad de dinero asignada pierde relevancia.
El crimen organizado no solo deja tras de sí una estela de muertos, sino que también destruye el espíritu emprendedor y ahoga las esperanzas de miles de peruanos de salir adelante. La inseguridad se ha convertido en un freno crucial para la inversión privada en el país.
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Si no contamos con una política de seguridad eficaz, un marco legal que priorice la protección de los ciudadanos y un sistema de justicia que haga cumplir la ley, esta batalla está perdida. Y las consecuencias serán desastrosas: miles de vidas perdidas y millones de dólares desperdiciados.
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
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