Escribe: María Antonieta Merino, docente de las universidades del Pacífico y de Lima
Este periodo congresal será recordado por muchas cosas. Entre ellas, por proponer proyectos sacados de los manuales económicos de hace medio siglo, que buscan devolverle al Estado su rol de empresario, olvidando las lecciones más costosas de nuestra historia.
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La Constitución reconoce un Estado que interviene en la economía de manera subsidiaria, es decir, únicamente cuando la actividad privada no puede hacerlo y en casos excepcionales de alta necesidad pública. El rol subsidiario es un candado para el Estado que le impide realizar actividades económicas, salvo excepciones, y, en esos casos, para complementar, no reemplaza al privado.
TelPerú: el retorno a las colas y la tramitología
El primer proyecto propone crear TelPerú, una empresa estatal de telecomunicaciones. Los legisladores parecen no recordar cómo funcionaban las telecomunicaciones antes de que se decidiera privatizar a la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT).
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A inicios de los años 90, solo el 3% de la población tenía acceso a telefonía fija, y existían listas de espera de hasta 10 años para obtener una línea telefónica. Era común la tramitología excesiva, la corrupción para obtener prioridad en las instalaciones y la falta de incentivos para mejorar la atención al usuario. La asignación de líneas telefónicas se realizaba con pagos informales. A pesar de la mala calidad y baja cobertura, las tarifas eran altas para la mayoría de la población. Fue la privatización la que permitió mejorar la eficiencia y cobertura del mercado de las telecomunicaciones.
Pretender que el Banco de la Nación compre oro es torcer su mandato
El segundo proyecto propone que el Estado ingrese al negocio minero a través de la compra de oro mediante el Banco de la Nación (BN). Sin embargo, esta entidad se ha opuesto sensatamente, pues reconoce que su mandato es brindar servicios bancarios a poblaciones excluidas y actuar como pagador o recaudador del Estado, no competir en mercados de commodities ni convertirse en comercializadora de minerales. Además, hacerlo implicaría competir con los privados, algo prohibido por nuestra Constitución, y requeriría sistemas especializados de trading y gestión de riesgos que el BN no posee, ni la infraestructura necesaria para ello.
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Puertos: limitar al privado es frenar el desarrollo
El tercer proyecto busca limitar la inversión privada en puertos, estableciendo topes a su participación. Al igual que las anteriores, esta medida desconoce la historia: fue precisamente la inversión y gestión privadas las que modernizaron la infraestructura portuaria peruana, elevándola a estándares internacionales.
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Un espejismo que ya nos costó caro
Estas propuestas tienen la misma raíz de las políticas estatistas que generaron ineficiencia, corrupción, falta de innovación y millonarias pérdidas para el fisco en décadas anteriores. El resultado fue un Estado empresario quebrado. Hoy el contexto es más complejo: cadenas globales de valor, competencia tecnológica, necesidad de agilidad y especialización. El Estado no tiene los recursos, ni el conocimiento de gestión empresarial, ni la velocidad para competir donde el privado puede hacerlo mejor. Volver al Estado empresario es un espejismo peligroso. Las viejas recetas ya demostraron su fracaso. Hoy necesitamos un Estado que regule con inteligencia, promueva la competencia y libere el potencial privado.
