Gobierno, conflictos sociales y diálogo

A estas alturas, uno puede preguntarse si el Gobierno no puede, no sabe, o no quiere resolver los conflictos sociales existentes, con la apertura, imparcialidad, diligencia, y eficacia que se requiere.

Todos los últimos gobiernos han enfrentado los conflictos sociales con muchas dificultades, sea por impericia, por falta de habilidad negociadora, por acelerar y privilegiar el uso de la fuerza en unos casos y perder autoridad en otros, por negligencia o desidia, y por temor a imponer el orden desde el principio, como ocurre con la toma de carreteras, práctica que ya se ha hecho común, y que ya es de manual en cada movilización que quiere lograr la atención del Gobierno.

En cada periodo ha habido grandes o pequeños, cortos o largos conflictos sociales “emblemáticos”, que incluso han costado la vida de personas en el lado de quienes protestaban y en el de los que trataban de imponer el orden. Y en muchos de estos conflictos se ha buscado privilegiar el “diálogo”, instalándose las ya famosas “mesas de diálogo o de concertación”, que en algunos casos han servido para acercar posiciones, y en otros para dilatar o “patear para adelante” el problema.

Las unidades de prevención de conflictos de todos los sectores, poco han aportado a la prevención precisamente, y en la mayoría de los casos han terminado de “bomberos”.

Con todos estos problemas, se han sobrellevado las cosas y, mal que bien, se llegaron a acuerdos, muchas veces precarios o débiles.

Sin embargo, con este Gobierno las cosas parecen complicarse más. Y no tanto por la magnitud o la gravedad de los temas de fondo en cada conflicto.

Es obvio que un Gobierno como el de Pedro Castillo despertó muchas expectativas en las regiones, y sobre todo en sectores laborales, sociales, populares, y en comunidades, en zonas de “enclaves” productivos y/o extractivos. Las contrapartes de las empresas sintieron que un gobierno como el actual se pondría de su parte.

En segundo lugar, el discurso político y las acciones del presidente y de los ministros parecen darles la razón a esos sectores. Algunas muestras claras pueden ser las posiciones de la actual ministra de Trabajo y de su inmediato antecesor, quienes señalaron que el ministerio a su cargo era de los trabajadores, dejando de lado a la otra parte que hace posible la actividad productiva; o, en su momento, la de la primera ministra en Ayacucho, sobre cuatro empresas mineras.

Y, por último, está la actuación de los mismos ministros y de los funcionarios de los ministerios, que se supone deberían tener una posición equidistante de las partes para actuar como facilitadores del diálogo o como mediadores. Varias versiones señalan que ellos, en lugar de ayudar a solucionar los conflictos, parecen incentivar o apoyar la posición de reclamos contra las empresas.

La premier ha dicho que ahora se busca solucionar los conflictos imponiendo un nuevo estilo que es privilegiar el diálogo. En realidad, ese ha sido el discurso de todos los gobiernos anteriores, no es nada nuevo. El tema de fondo es: ¿cómo concibe el diálogo este Gobierno?, ¿qué busca en realidad con ese “diálogo”?, ¿cuál, según el Gobierno, debe ser la actitud y la posición de los representantes del Ejecutivo en cada conflicto y en cada diálogo? En resumen: ¿en qué lado de la mesa está sentado el Gobierno hoy?