Periodista
Han pasado seis días y nadie sabe –o no quiere saber– qué hacer con el cuerpo del más sanguinario cabecilla terrorista en la historia del Perú.
Todos se tiran la pelota, o ensayan explicaciones o comunicaciones de lo más extrañas o pintorescas. Como la de la Fiscalía, que señaló –según reseñó La República ayer– que no se entregará el cuerpo a la viuda del delincuente terrorista, y que este seguirá en la morgue hasta que culminen las investigaciones. ¿Qué investigaciones?, ¿qué están investigando?
A la mayoría de las más de cien mil víctimas del covid las cremaron sin mayor discusión por orden del Gobierno, y decenas de miles de familias se quedaron sin ver por última vez a sus seres más queridos. Pero en este caso, todas las autoridades competentes en este asunto parecen sentir un profundo temor, o quizás algo más que no sabemos o que no nos quieren decir.
No es novedad decir que este mismo estado de ánimo –de indecisión, temor, confusión, o de intenciones ocultas– reina en el Ejecutivo y su bancada parlamentaria en lo que se refiere a actos de gobierno o de decisiones trascendentales. Pero cobra especial importancia cuando se trata de ciertos temas. En el Gobierno, y durante varias semanas, no pocos ministros se pronuncian y anuncian públicamente que habrá cambios ministeriales próximamente. Lo novedoso es que los anuncios van en direcciones contrarias, y nos muestran no solo enfrentamientos entre los dueños de los fajines, sino también alineamientos con los grupos al interior del Ejecutivo, o posiciones con intención de juego propio. Por un lado, un ministro nos dice que la suerte de un colega suyo está en la cancha del Congreso, pero que él considera que no hay motivos ni pruebas para censurarlo, y que lo que se habla de él son cositas sin importancia inventadas por sus enemigos. Añade que no le corresponde al presidente pronunciarse sobre su permanencia luego de presentada una carta poniendo el cargo a disposición.
Sobre el mismo ministro, otra ministra señala que el presidente ya lo va a cambiar pronto, que tengamos paciencia. Todo esto mientras el ministro del que se habla parece estar bien sentado en su despacho. Otro ministro señaló hace varias semanas que el presidente ya estaba preparando cambios ministeriales que podrían incluir al Primer Ministro, y nada. Y varios ministros se enfrentan entre sí por si Cerrón es dañino o no al Gobierno.
En el caso del BCR las cosas no son diferentes. Declaraciones de varios ministros se contradicen entre sí. Unos señalan que es necesario que el actual presidente se quede, otros dicen que sería una buena señal que se quede pero que nadie es indispensable, y algunos dicen que no saben no opinan. Y desde la bancada atacan a los ministros por firmar un convenio con la Embajada de Estados Unidos, señalan que el cuerpo del cabecilla terrorista debe entregarse a la familia, defienden a ministros cuestionados que son “desahuciados políticamente” por la vicepresidenta, o sacan comunicados atacando al ministro que señaló que el Secretario General de Perú Libre le hace daño al Gobierno. No estamos hablando de rumores o de chismes. Estamos hablando de pronunciamientos públicos que salen de la boca de los mismos ministros o de los congresistas, de aquellos que hablan directamente con el presidente por lo menos una o dos veces a la semana, y que no dudan en contradecirse, ignorarse o desautorizarse unos a otros frente al país. Y todo esto ante la presencia (¿o ausencia?) del ¿jefe? de Estado.
¿Los ministros y congresistas nos dicen lo que cada uno habla con el presidente?, ¿dicen lo que interpretan de su conversación con el presidente?, ¿el presidente los “pasea”?, ¿ellos se mandan sin autorización del presidente?, ¿o el presidente y sus ministros nos “pasean” a todos?
Sin embargo, y a pesar de este ambiente de contradicciones, enfrentamientos, y falta de decisión, hay que poner de relieve que en lo único que sí están de acuerdo unánimemente todos los ministros (castillistas, cerronistas, profesores) y todos los congresistas oficialistas, y nos lo dicen con toda claridad, es en la convocatoria a la Asamblea Constituyente, sí o sí. Y con firmas y referéndum incluidos.