Escribe: José Ricardo Stok, profesor emérito del PAD
El bienestar de los ciudadanos debe ser el gran objetivo del Estado; los gobiernos, encargados de su materialización deben procurar promoverlo decididamente para que se realice de manera oportuna y sin discriminaciones, y guiado por los principios de subsidiariedad, participación y solidaridad.
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Muchos ciudadanos consideran ese “estar bien” casi exclusivamente en términos económicos; desde luego, se trata de un importante aspecto para alcanzar el goce de ciertos bienes que garantizan el buen vivir de una familia: acceso a vivienda digna, servicios esenciales, educación, salud. Nadie duda que esto es primordial; pero un bolsillo provisto no lo es todo ni mucho menos. Esos objetivos serían endebles, efímeros si no existiese un entramado de determinados servicios aparentemente intangibles, pero imprescindibles, y que garantizan el bienestar en su raíz. Hablamos de una justicia predictible, una gobernanza pública eficiente, una infraestructura amplia y general; todo lo cual englobaríamos en la expresión “vivir con dignidad y sin estridencias”.
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Más aún, los servicios de salud, educación y otros requieren ser de calidad: este adjetivo es precisamente lo que distingue haber alcanzado un nivel mínimo de vida digna. Y, lamentablemente, esos servicios de calidad, que sí los hay, se encuentran aún lejos del alcance de vastos sectores de la población.
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¿Qué hace falta para dar el salto de país del tercer mundo a uno del primero? Constatamos que no es suficiente un nivel de economía sólido, estable y relativamente pujante como el que gozamos desde hace algunos años. Es un punto de partida necesario, pero no suficiente. Lo cierto es que, falta institucionalidad, o esta se encuentra en crisis.
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Las instituciones son las responsables de poner reglas formales que estructuran, organizan y vinculan las interacciones humanas, crean incentivos de desarrollo sostenible, respetando mutuamente las competencias propias y ajenas. Una nación sin institucionalidad es una nación desmembrada, sin cohesión, casi a la deriva, sujeta a intereses de grupos con objetivos propios y sin posibilidad de bienestar.
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No es casualidad que personas reconocidas en el quehacer nacional muestren preocupación y den explicaciones sobre este y otros temas que atañen al presente y al futuro del país. Tal el caso del libro “Economía peruana y reformas estructurales”, recientemente publicado bajo la edición general de Juan José Marthans. Precisamente, allí se señalan urgentes temas a los que debe prestarse rápida atención, entre los que destaca una reingeniería del Estado en la que prime la transparencia, la rendición de cuentas, el servicio eficiente y eficaz.
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Quienes tenemos responsabilidades directivas hemos de procurar ser altavoces valientes, no solo para mostrar con claridad las deficiencias sino para contribuir audaz y generosamente con alternativas y mejoras a la institucionalidad.
