Escribe: César Puntriano, socio del Estudio Muñiz
Según cifras de Datum Internacional publicadas en este diario, en el Perú, el 37.2% de los jóvenes mira con reserva o pesimismo su futuro laboral, fundamentalmente por la falta de posibilidades de conseguir empleo. Asimismo, según el INEI, en el año 2024 el empleo juvenil, es decir, para jóvenes hasta 24 años se redujo en 3.3% en Lima Metropolitana.
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En el estudio “Comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional y en 26 ciudades” correspondiente al tercer trimestre del 2024 el INEI nos dice que el 57.3% de la población ocupada de 25 a 44 años de edad tiene empleo adecuado, seguido por los que tienen de 45 y más años de edad con 47.2% y los jóvenes con 30.6%. En tanto, el subempleo afectó al 57.7% de la PEA ocupada joven (14 a 24 años), al 49.0% de los que tienen de 45 y más años y al 37.5% del grupo de 25 a 44 años de edad. Es evidente que las cifras no están del lado de la juventud.
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Sobre el particular, el Instituto Peruano de Economía (IPE) sostiene que existen diversas razones que explican dicha contracción del empleo juvenil en Lima, siendo las principales la priorización de personal con experiencia, la desconexión entre la oferta educativa y la demanda de mano de obra. Esto incrementa el número de los “ninis”, cuyo número al 2023 de acuerdo con el INEI era mayor al millón de jóvenes en el rango etario de 15 a 29 años.
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La gran informalidad existente en el país es un factor que impide que los jóvenes encuentren empleos con derechos. Según el informe Panorama Laboral de América Latina y el Caribe del 2024 emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la informalidad laboral en el Perú golpea al 72% de los trabajadores, mientras que a nivel regional el promedio es de 47.6%. En dicho informe se indica que la tasa de desocupación juvenil se encuentra en 13.8% en América Latina y el Caribe, triplicando a la de los adultos. Es indudable que, en un contexto altamente informal, existen pocas oportunidades para los jóvenes.
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El informe de la OIT señala que la falta de empleo estable y remunerado para los jóvenes es una de las mayores preocupaciones para el futuro laboral de la región. La alta informalidad, la baja productividad de las economías y los bajos salarios, son factores que continúan limitando las perspectivas laborales de este grupo.
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Pero ¿Qué hacer para mejorar la situación laboral de los jóvenes en el Perú? Ha habido varias iniciativas en el tiempo, como la tristemente célebre Ley No. 30288, conocida como “Ley Pulpín”, que creaba un régimen laboral para jóvenes de 18 a 24 años de edad, reconociéndoles acceso parcial a derechos laborales correspondientes al régimen laboral privado, o el proyecto de ley No. 1215/2016-CR que modificaba las modalidades formativas laborales incluyendo una modalidad denominada “Experiencias formativas en situaciones reales del trabajo”, sin pago alguno para el joven en formación. Hemos tenido iniciativas que han fijado algunos beneficios económicos a las empresas por contratar personal en planilla, especialmente jóvenes y trabajadores indeterminados, pero tampoco han funcionado.
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Recientemente, se ha presentado el proyecto de ley No. 10162/2024-CR, que nuevamente apuesta por crear una nueva modalidad formativa laboral, cuya denominación es similar a la que se propuso en el 2016 pero esta vez sí es subvencionada. El mencionado proyecto reconoce que se requiere potenciar a la educación tecnológica y técnico-productiva, fortaleciendo la formación de estudiantes, señalando también que los institutos, centros de educación técnicos carecen de infraestructura, tecnología, equipamiento adecuado, que permita aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones reales de trabajo. Sin embargo, y en línea con lo que sostienen los expertos sobre la materia, consideramos que la modificación de la regulación sobre modalidades formativas no va a contribuir a solucionar la gran informalidad existente en el sector juvenil. La respuesta no está en una ley.
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Lo que se requiere es la elaboración de una política pública tendiente a incorporar a los jóvenes en el sector formal. Ello supone articular mejor la oferta educativa con la demanda de mano de obra, mediante el fortalecimiento de la educación técnica y profesional, y la generación de incentivos reales para que los empleadores apuesten por la mano de obra juvenil local. Para ello debe revisarse la normativa laboral pues la rigidez imperante en materia de contratación y de despido frustra cualquier intención de contratación formal. Si a eso le sumamos que la Sunafil fiscaliza solo a los formales, así como las polémicas decisiones de algunos jueces laborales, la cosa se ve complicada.
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Ojalá que el Poder Legislativo se abstenga de emitir proyectos de ley antitécnicos que torpedeen cualquier reforma, y que el Poder Ejecutivo tome las riendas de este asunto y deje encaminada alguna iniciativa que pudiera ser retomada y consolidada por el próximo gobierno.
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