Especialista en políticas púiblicas
Vivimos en una sociedad que se organiza con un Estado que debe realizar ciertas tareas en beneficio de los ciudadanos; para ello, cobra impuestos y promete prestar servicios.
Si bien el Estado provee muchos servicios para todos, su tarea es particularmente relevante para los ciudadanos más pobres y vulnerables, quienes dependen del Estado como única vía para la atención de sus necesidades básicas. Para las personas más vulnerables, la provisión de servicios de mala calidad significa no aprender a leer o multiplicar, no recibir vacunas que prevengan enfermedades, no recibir atención médica oportuna, no recibir agua potable que evite diarreas, entre otros. Así, quienes se ven más perjudicados cuando la promesa de proveer servicios no se cumple a cabalidad son los peruanos más pobres y vulnerables.
En el Estado hay muchos servidores comprometidos y preparados, que permanentemente fortalecen sus capacidades y amanecen pensando cómo brindar un mejor servicio para los ciudadanos. También hay otros que no tienen las capacidades ni experiencia para ocupar el puesto que tienen, ni el compromiso para atender con empatía y calidad a los ciudadanos; y que probablemente llegaron donde están por su cercanía a determinado partido político o autoridad.
Al respecto, meritocracia implica que las personas ocupen puestos para los cuales tienen las capacidades y la experiencia requerida, y asciendan y ganen más quienes han mostrado resultados satisfactorios en brindar servicios de calidad. Queda claro que la meritocracia resulta fundamental para que el Estado cumpla su promesa de brindar servicios de manera cabal. En cambio, ir contra ella es un ataque a las personas más vulnerables y una condena a que ni hoy ni los siguientes años reciban servicios de calidad. Es un ataque también a quienes sí se prepararon para ser mejores maestros, médicos o funcionarios, a quienes se esforzaron por tener las capacidades para dar un mejor servicio y se esmeran todos los días al prestarlo.
La meritocracia en el servicio público es algo que la ciudadanía debe defender. Es medular para que el Estado funcione, para que tengamos servidores preparados y comprometidos y, por tanto, para que las personas en situación de pobreza puedan ver atendidas sus necesidades básicas.
El Congreso ha aprobado recientemente el nombramiento automático de docentes que tengan tres años como contratados, sin pasar por una evaluación objetiva de sus capacidades y desempeño. Es decir, ha aprobado que no importa el servicio que brindan estos maestros; ha aprobado que no importa la calidad educativa que reciben los niños que atienden sus clases. Congresistas como Pasión Dávila, José Luna y Sigrid Bazán han impulsado esta aprobación.
Bien por los distintos pronunciamientos que se han emitido en contra del nombramiento automático de docentes, desde Minedu hasta IPAE y el Consejo Nacional de Educación. Bien que se haya logrado que la norma aprobada esté en reconsideración.
Paradójicamente, son generalmente políticos que se identifican como de izquierda quienes promueven nombramientos automáticos sin evaluación previa y normas de solidificación de la estabilidad laboral (ahora nombramiento de docentes y en 2021 de los CAS), postergando con ello el derecho de los ciudadanos más vulnerables a servicios de calidad.
El nombramiento automático de docentes, el nombramiento de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, mantener al presidente y vicepresidente de EsSalud, entre otros, atentan contra la capacidad estatal para la provisión de servicios públicos. No lo debemos permitir.
Muchos nos sentimos desolados y abrumados por la ausencia de partidos políticos serios, la falta de liderazgo político y muy malas decisiones de nuestras autoridades: lamentable que no se apruebe todavía la bicameralidad, la reelección y el impedimento para que sentenciados sean candidatos y, en cambio, se debilite la figura de la colaboración eficaz y el combate a la minería ilegal; lamentable también que el Ejecutivo no pueda controlar de manera eficaz el dengue y, en cambio, pretenda que PetroPerú –a pesar de aberrante corrupción en compra de combustibles y dilapidación de recursos públicos en la refinería de Talara– haga exploración petrolera.
A pesar de lo anterior, los ciudadanos debemos tener energía para defender temas claves, como lo es la meritocracia en la docencia y el servicio civil. Todos debemos levantar la voz. Hacerlo es defender el derecho a servicios de calidad, en particular para los peruanos más vulnerables. Meritocracia es servicio público de calidad. Para comenzar, hagamos que el Congreso retroceda en el nombramiento automático de docentes y que el Ejecutivo aplique meritocracia en los tres puestos que nombra en EsSalud. Frenemos el debilitamiento de la meritocracia en el Estado.
