Escribe: Elena Conterno, especialista en políticas públicas.
Una encuesta de Datum (marzo del 2024) muestra que el 82% de peruanos considera que el Poder Judicial y los jueces pocas veces o nunca resuelven las demandas judiciales de manera justa y correcta; y, en línea con ello, el 85% de peruanos no confía en el Poder Judicial. En el caso de la Fiscalía de la Nación, 73% no confía y la perspectiva mayoritaria (49%) sobre su trabajo es que hay mucha corrupción y abuso de poder, y tiene muy pocos resultados.
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Las deficiencias del sistema de justicia lamentablemente tienen tiempo y son conocidas y sufridas por todos. Quisiera destacar aquí que están teniendo además un efecto muy nocivo en ahuyentar a muchos profesionales del Estado y, por tanto, en debilitar las capacidades de la administración pública y la calidad de sus servicios. Al respecto, la encuesta antes mencionada muestra que, frente a la pregunta de si tienen tranquilidad o nerviosismo ante supuesto procesamiento del Poder Judicial, un abrumador 86% de encuestados responde que se sentiría nervioso porque teme ser injustamente procesado. Y ello es lo que está pasando con muchos exfuncionarios.
Un caso emblemático es el de Alberto Pasco-Font, que viene enfrentando un juicio por colusión; se le acusa de favorecer a Odebrecht en la construcción de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur en el 2005, en que él era miembro del Comité de ProInversión. Lo investiga la Fiscalía desde el 2017 y está en juicio desde octubre del 2023, a pesar de que las personas con las que se le acusa de haberse coludido –que sí han aceptado responsabilidad y se han acogido a la colaboración eficaz– han declarado que los miembros del Comité de ProInversión no estuvieron involucrados en una colusión. El principal argumento de la Fiscalía es que la empresa no debía participar por tener procesos judiciales con el Estado; aunque parezca inverosímil, se trataba de demandas de la empresa al Estado (y no al revés).
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En mi caso, trabajé 10 años en el sector público, en cargos de dirección y asesoría: Gerenta general de I-nabif, asesora ministerial, ministra de la Producción, entre otros. Hoy tengo dos juicios y una investigación fiscal. El juicio más antiguo ya tiene 18 años (por hechos ocurridos hace 23 años), en tanto que la investigación fiscal es de hace pocos meses, en relación a hechos ocurridos en el 2011.
Y no son casos aislados. Muchos de los colegas con quienes trabajé hace 15 a 20 años en la administración pública, hoy enfrentan juicios e investigaciones fiscales similares.
No se trata de cuestionar que Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y Poder Judicial realicen investigaciones y procesos; pero sí de resaltar que ello debe darse en el marco de un sistema judicial y fiscal confiable y predecible, con procesos céleres. Y de que solo escalen las investigaciones en que realmente haya argumentos sólidos; apelar por apelar, o pasar de una investigación preliminar a una preparatoria no debe ser la regla. Los actores de la justicia no deben ser fuente de desconfianza ni representar una vulnerabilidad para profesionales competentes y comprometidos que actúan de manera diligente.
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Quisiera destacar que muchas veces son informes deficientes de Contraloría y el sistema de control los que dan origen a la “tortura judicial”, en que sin mayor tamiz los hallazgos se convierten en juicios, y además en apelaciones automáticas.
En este escenario, “no vuelvo al Estado” es lo que suelo escuchar de mis excolegas del sector público que hoy enfrentan juicios sin sustento. Ser funcionario público ya tiene sus complejidades y costos; no permitamos que se añada a ello la vulnerabilidad casi de por vida de enfrentar juicios por decisiones bien tomadas. De lo contrario, seguiremos ahuyentando a profesionales competentes y comprometidos de la gestión pública. Y, por tanto, nuestra administración pública seguirá empeorando.
Una idea de un exfuncionario que nos dejó antes de tiempo, Chano Arrieta, es que se cree un órgano colegiado de personas de mucho reconocimiento en la sociedad peruana a la cual los exfuncionarios puedan recurrir para que opinen de su caso, y con ello evitar apelaciones “automáticas” o pase de investigaciones a juicios sin mayor sustento. Una instancia así podría ser parte de la Contraloría, con autonomía similar a la de las comisiones del Indecopi.
Necesitamos liderazgo en Contraloría, Procuraduría, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público y Poder Judicial. No se trata de que se sigan procesos y elaboren tomos de tomos de informes; se trata de que impartan justicia, y lo hagan de manera predecible y célere.
Siempre he considerado que a la administración pública uno va a servir y a esforzarse mucho, lo cual uno tiene que ser consciente que nadie te va a agradecer. Hoy lamentablemente encima significa enfrentar investigaciones y juicios sin sustento en que no hay confianza en que habrá justicia. Debemos cambiar esta situación.
Por cierto, yo sí espero volver.
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