Especialista en políticas públicas
Perú es el país de América Latina de menor satisfacción con el funcionamiento de la democracia: 8% de sus ciudadanos opina así según Latinobarómetro 2023, 17 puntos por debajo a lo registrado en 2013. Detrás de ello estaría la insatisfacción ciudadana con la calidad de los servicios públicos y, en general, con el funcionamiento del Estado. Según da cuenta IPAE Mide, la población satisfecha o muy satisfecha con al menos dos servicios públicos pasó de 42% en 2012 a 24% en 2023 (LAPOP/Ipsos OP); de similar manera, la población que tiene una percepción buena o muy buena de la gestión pública regional pasó de 39% en 2012 a 16% en 2022 (ENAHO-INEI).
Como señalé en un artículo anterior, meritocracia es servicio público de calidad. Pero dado que la calidad de los servicios públicos incide en el respaldo a la forma de organización política que tenemos en el país, meritocracia trae además democracia.
Lamentablemente, la meritocracia en el empleo público ha empeorado en los últimos años. Si bien existen muchos servidores comprometidos y preparados, NO existen incentivos en el Estado para esforzarse, ser productivos y brindar servicios de calidad. Servir no ha logrado incorporar en el sector público incentivos de este tipo, ni frenar iniciativas en sentido contrario originadas principalmente en el Congreso de la República.
El único avance relevante en instaurar meritocracia y, por lo tanto, en anteponer los intereses ciudadanos a aquellos de los trabajadores, se observa en el Sector Educación con la Carrera Pública Magisterial. La toma de consciencia de que la educación es fundamental para que una persona conduzca con éxito su proyecto de vida y para que el país en su conjunto prospere permitió que profesionales de distinta orientación política coincidiesen en la relevancia de que los docentes que enseñan a los niños tengan la capacidad para hacerlo. Eso es la Carrera Pública Magisterial.
Sin embargo, el Congreso de la República está yendo una vez más contra la carrera pública magisterial; y, por tanto, contra la meritocracia en general, los servicios públicos de calidad y la democracia.
En junio de este año aprobó el nombramiento automático de docentes que tuvieran 3 años de contratados, norma que está en reconsideración. De manera reciente, aprobó una ley que autoriza el nombramiento de 14,000 docentes interinos que fueron cesados luego de no haber querido rendir o haber desaprobado la evaluación de ingreso a la Carrera Pública Magisterial.
Durante años estas personas fungieron de docentes sin estar preparados para serlo; cada día se pararon frente a los alumnos sin las capacidades para enseñar; durante años no se preocuparon de perfeccionarse y cumplir con lo que esperaban quienes atendían sus clases. A pesar de ello, en el marco de la implementación de la Carrera Pública Magisterial, se les dio la posibilidad de estudiar, prepararse y rendir con éxito evaluaciones para permanecer en su puesto, pero no la tomaron o fallaron en esa opción. Hoy quieren volver a las aulas vía un tarjetazo del Congreso.
Las normas mencionadas reflejan que el Congreso antepone el interés de grupos de docentes -que no han acreditado las capacidades suficientes para enseñar- frente al derecho de siete millones de estudiantes de colegios públicos de recibir un servicio de calidad.
Como sociedad necesitamos revalorar la importancia del mérito como determinante del acceso, permanencia y ascenso a puestos de trabajo. Es muy clara la relación de ello con el bienestar ciudadano, en la medida que se trata justamente de los prestadores de servicios para los ciudadanos: solo lograremos mejores servicios si quienes los prestan están capacitados y motivados para su prestación. Necesitamos prestadores con méritos. De lo contrario condenamos a los usuarios de los servicios a prestaciones de baja calidad.
En tal sentido, hizo bien la Ministra de Educación, Magnet Márquez, en rechazar las normas mencionadas. Los funcionarios comprometidos en servir a los ciudadanos y, en particular, a los más vulnerables, defienden la meritocracia. Más aún cuando se tiene en cuenta que meritocracia es servicio público de calidad y además trae democracia.
Desafortunado que la ministra esté saliendo del gabinete. Demandemos que el Congreso rectifique su actuación y que el Poder Ejecutivo observe las normas referidas. La meritocracia no se negocia. Tampoco la educación. Tampoco la democracia.
