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Entre fines de los 60 y fines de los 80, se optó por una elevada participación del Estado en la realización de actividades económicas y la prestación de servicios, con nefastos resultados. Como destaca la Ruta Perú de IPAE Impacto del Intervencionismo, el rol creciente del Estado en la economía no generó superávits, sino elevados déficits que desembocaron en hiperinflación y pérdida de bienestar: hacia 1990, los peruanos teníamos la mitad del ingreso que podríamos haber tenido sin el intervencionismo en la economía (análisis de César Martinelli).
En ese momento, la conciencia de los pésimos resultados de la intervención del Estado en la economía llevó a que en la Constitución se pusiera especial énfasis en poner fin al Estado intervencionista en la economía y garantizar la estabilidad macroeconómica. Se avanzó en trasladar las actividades económicas y la gestión de servicios a empresas privadas, a la par que se creaban organismos reguladores para cautelar el interés público.
En el servicio de saneamiento hubo poco avance, manteniéndose la gestión en manos de Sedapal en Lima-Callao y empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) y juntas de administración de servicios de saneamiento (JASS) en regiones. En aquella época participé en un estudio liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la prestación de servicios de saneamiento denominado “Agua Derramada”, en que se concluyó que en general la gestión municipal mantenía el círculo vicioso de tarifas bajas, fondos insuficientes, operación ineficiente e interferencia política.
Hoy, la mayor parte de empresas de saneamiento está en quiebra y no cumple con atender a las personas más vulnerables, que paradójicamente tienen que pagar más por el agua. Ello además de tarifas irreales, escaso mantenimiento de redes, limitado tratamiento de aguas residuales y deficiente gestión. Son conocidos los problemas de gestión de Sedapal, con el aniego de desagüe en San Juan de Lurigancho en 2019 que inundó con más de 1 metro de aguas fecales las casas del distrito y, en estos días, el corte de agua hasta por 4 días a miles de usuarios.
En las empresas privadas, los accionistas se preocupan de cuidar la inversión realizada y dar un buen servicio. En las empresas públicas no hay accionistas; las preocupaciones son de los políticos, por mantener tarifas bajas que les den votos y por pagar favores nombrando personas sin capacidades ni experiencia; y también de trabajadores, de lograr más beneficios y estabilidad, sin importar la calidad del servicio que brindan. En Sedapal, por ejemplo, los hijos de los trabajadores pueden heredar los puestos. En ese escenario, la ineficiencia es común y, muchas veces, también la corrupción.
Al respecto, el Estado tiene la tarea de garantizar acceso a servicios básicos a todos sus ciudadanos, al margen de su situación económica. Para cada servicio que se garantiza, deberíamos tener el mejor arreglo institucional para lograr prestarlo con calidad.
El Estado puede optar por subsidiar la oferta de la prestación del servicio, financiando la infraestructura, el equipamiento, el personal y todo lo relacionado con la gestión, como ocurre con gran parte de las prestaciones de salud y educación. También puede optar por subsidiar la demanda, brindando financiamiento a las personas que no puedan cubrir el costo de los servicios, como es el caso de la Beca 18, que permite que los estudiantes elijan una universidad pública o privada para seguir sus estudios. Y hay también otras múltiples formas de atender a las personas de bajos recursos con provisión privada.
Debemos tener en claro que la prestación pública de un servicio no implica que el mismo llegue a las personas con calidad; de similar manera, que la prestación privada no implica que las personas pobres queden excluidas del servicio.
Dadas las debilidades del Estado Peruano, con baja meritocracia y controles inefectivos, la historia nos muestra que la provisión pública no genera servicios de calidad. Está el caso de los servicios de saneamiento comentados aquí, pero también ejemplos recientes en otros sectores como la corrupción de Petroperú en compra de combustible y la falta de personal médico en postas de salud para atender emergencias.
Mejores resultados traen la provisión privada, con competencia cuando se pueda, y un regulador que cautele calidad. En la provisión privada surgirán seguramente problemas, pero estará la competencia para corregirlos y, cuando corresponda, el regulador para exigir en nombre de los usuarios mejoras en la provisión.
Así, por razones de eficiencia y calidad debemos ir más hacia subsidios a la demanda y dejar atrás subsidios a la oferta. Debemos hacerlo también para dar más opciones a los usuarios: que puedan elegir entre distintos proveedores y no tengan una sola opción pública a su disposición. Los políticos que siguen abrazando la provisión pública niegan a los peruanos más pobres la posibilidad de acceder a servicios básicos de calidad. Ojalá que pronto antepongan el interés ciudadano a la ideología, y empecemos a caminar hacia más participación privada en la prestación de servicios básicos.
