Hace pocos años, visité una impresionante infraestructura subterránea cerca de Tokio. Se trata de un sistema de túneles y gigantes depósitos de agua conocido como G-Cans, construido para evitar que, durante periodos de lluvias intensas, las crecidas de cinco ríos inunden zonas densamente pobladas del área metropolitana de Tokio.
Su construcción costó aproximadamente US$ 2,000 millones. ¿Caro? Sí, pero sus beneficios económicos se estiman en 3.2 veces sus costos. Su éxito se mide, precisamente, por los desastres que evita. Y es que antes de que comenzara a operar, siete grandes inundaciones habían afectado a más de 130,000 viviendas y producido cuantiosas pérdidas humanas y materiales.
A diferencia de lo que ocurre en el país del sol naciente, en esta hermosa tierra del sol somos bastante menos previsores. ¿Desde hace cuánto tiempo sabemos que hay una probabilidad muy alta de que ocurra un fenómeno de El Niño particularmente fuerte? Desde hace meses. ¿Sabemos cuáles son sus consecuencias cada vez que ocurre uno? También. Los daños de episodios anteriores equivalieron a 11.6% del PBI en 1983, a 6.2% en 1998 y a 1.9% en el 2017, por citar algunos. ¿Y qué hemos hecho para evitar sus consecuencias del que se viene? Muy poco, la verdad. De acuerdo con el IPE, entre el 2021 y 2025, el gasto en prevención se redujo con respecto al quinquenio anterior a pesar de que en ese periodo ocurrió el episodio del 2023. Peor aún, este gasto se redujo aún más en el 2025 y, al ritmo de ejecución actual, se volvería a reducir en este 2026.
¿Por qué, si conocemos cuánto nos cuestan los desastres naturales, hacemos tan poco para prevenirlos? En mi opinión, debido a un problema de incentivos perversos: que la prevención no genera votos. En efecto, los beneficios de la prevención son daños que no ocurren y, por tanto, resultan poco visibles. Las consecuencias, en cambio, son muy visibles, y nada mejor para un político que repartir dinero público a gente que necesita ayuda. ¿Quién se va a oponer?
Nuestro sistema de inversión pública ya contempla la evaluación de los beneficios económicos de prevenir los desastres. Así que el problema no parece estar en las reglas, sino en su aplicación. Lo que necesitamos es que las intervenciones prioritarias se ejecuten oportunamente y que las autoridades rindan cuentas no solo por lo que hacen, sino también por lo que dejan de hacer.
Mientras esto no cambie, seguiremos esperando a El Niño en lugar de prepararnos para él. Y, como sabemos, cada vez que llega uno escasea en Lima el agua embotellada y, por alguna razón que nunca he entendido, también el papel higiénico. Pero el verdadero papelón, creo yo, no es quedarse sin ninguno de los dos, sino saber que viene un desastre y hacer tan poco por evitar sus consecuencias.
Enzo Defilippi es profesor principal de la Universidad del Pacífico.
