El bienestar llega a las familias por dos vías principales: los ingresos que obtienen por su trabajo o negocio –el bolsillo derecho– y los servicios que reciben del Estado, como salud y educación –el bolsillo izquierdo–. Para vivir mejor, Rosa necesita ambos bolsillos llenos y un piso sólido de estabilidad, institucionalidad y seguridad.
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En las últimas décadas, el Perú avanzó principalmente por la primera vía: el crecimiento económico generó empleo y oportunidades que, entre 1990 y el 2019, fueron determinantes para reducir la pobreza de cerca del 60% al 20%. El bolsillo izquierdo, en cambio, nunca se llenó como debía, ya que los servicios públicos siguen mostrando graves problemas de calidad.
Como ha reconocido el propio MEF, las finanzas públicas atraviesan su momento de mayor vulnerabilidad.
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Tengamos claro que la principal fuente de bienestar de Rosa y de millones de familias peruanas ha sido el crecimiento económico. Cuidémoslo.
A pesar de la mala política, hemos crecido. Pero no demos por hecho que siempre será así. La irresponsabilidad fiscal puede detener ese proceso.
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Como ha reconocido el propio MEF, las finanzas públicas atraviesan su momento de mayor vulnerabilidad. El Consejo Fiscal ya había alertado sobre esta situación con anterioridad y destaca que el próximo gobierno tendrá que recortar gastos y posponer proyectos. Si, además, seguimos aprobando leyes sin financiamiento, el costo de la deuda subirá, la calificación crediticia se deteriorará, la inversión se retraerá y el empleo –principal fuente de bienestar para Rosa– se resentirá.
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Así, la irresponsabilidad fiscal termina afectando los dos bolsillos: reduce las oportunidades de empleo y limita los recursos para mejores servicios.
Encima, existe una desconexión profunda entre el gasto fiscal y los servicios que brinda el Estado. El presupuesto público se ha multiplicado por cinco en treinta años. Sin embargo, la escuela de los hijos de Rosa sigue sin ofrecer una enseñanza adecuada, el hospital de su barrio carece de medicamentos y la inseguridad sigue marcando su día a día. Los recursos entran, se gastan en exceso, pero los servicios no llegan.
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El problema no es que existan demandas sociales. El problema es convertir recursos de todos en beneficios para grupos específicos. El mecanismo más pernicioso consiste en transformar demandas particulares en leyes con costo fiscal permanente, aprobadas desde el Congreso bajo la ficción de que no se trata de gasto porque la factura se traslada a los presupuestos futuros.
Un ejemplo reciente lo ilustra. El Congreso aprobó una ley que otorga a los docentes cesantes y jubilados una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual de la primera escala magisterial. Los maestros, como todos los peruanos, merecen una pensión digna. Pero lo que corresponde discutir es si la respuesta adecuada es recrear, en la práctica, la lógica de la cédula viva: un régimen de privilegio que el país creyó haber superado y cuya eliminación fue clave para ordenar las finanzas públicas.
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Según el Consejo Fiscal, esta medida costaría al menos 8,000 millones de soles anuales. Cada sol comprometido deja de estar disponible para otras urgencias, como reemplazar colegios en riesgo, mejorar los aprendizajes o fortalecer la seguridad. Se trata de ordenar prioridades en un Estado que debería servir mejor. Y no de mantener la desconexión entre gasto y servicio.
La Constitución es clara: el Congreso no puede crear ni aumentar el gasto público. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha abierto una rendija que hoy parece la entrada de una catedral: si el gasto no afecta al presupuesto de este año, sino al del año que viene, entonces la prohibición se relativiza.
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Y quien más pierde es Rosa.
Hay que actuar. El MEF debe impugnar de manera sistemática toda norma que vulnere el artículo 79, y el Tribunal Constitucional debe corregir una interpretación que hoy debilita la sostenibilidad fiscal. Si el Ejecutivo no lo hace, la propia ciudadanía (colegios profesionales o grupos organizados) debe hacerlo.
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Restablecer y hacer cumplir la prohibición de la iniciativa de gasto del Congreso no es un tecnicismo. En la actualidad, es la principal política económica, la principal política social y una de las reformas más urgentes del Estado. Cada ley irresponsable reduce el crecimiento, limita el empleo y posterga el bienestar de Rosa y de millones de peruanos.
La irresponsabilidad fiscal no la pagan los políticos que aprueban las leyes. La paga Rosa. Basta ya.
Elena Conterno es especialista en políticas públicas.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
