
El nuevo Gobierno merece el beneficio de la duda. Apenas empieza y sería prematuro juzgar sus resultados. Pero hay que señalar desde ahora qué necesita el país con urgencia: reformas. El anuncio de las cuatro comisiones presidenciales del Ministerio de Economía y Finanzas puede ser un punto de partida. Abordarán la informalidad laboral, los mercados financieros y de capitales, la inversión pública y la evasión tributaria.
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El Perú no tiene precisamente un déficit de diagnósticos. Durante años se han identificado los problemas que frenan el crecimiento y planteado reformas. Lo que ha faltado, muchas veces, es convertir esas buenas ideas en decisiones.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, ha planteado una hoja de ruta de nueve meses: tres para el diagnóstico, tres para discutir las grandes políticas y tres para aterrizarlas en medidas concretas. Terminado ese plazo, ha dicho, será “gracias por los servicios prestados” y a ejecutar.
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Tres meses pueden parecer poco para diagnosticar problemas tan complejos. Y probablemente lo sean desde cero. Pero el país no parte de cero. Existe abundante evidencia y propuestas acumuladas durante años. Esos tres meses deberían servir para ordenar la evidencia, identificar prioridades y tomar decisiones. No para volver a descubrir lo que ya sabemos.
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Las reformas son urgentes, pero algunas son estructurales. La informalidad no desaparecerá en un año ni en cinco. Requiere cambios que hagan más atractivo y viable ser formal. Lo mismo ocurre con un mercado de capitales profundo, una inversión pública eficiente o una administración tributaria capaz de reducir la evasión sin elevar las tasas.
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El ministro ha planteado una meta ambiciosa: que hacia el último tercio del Gobierno la economía crezca a tasas de 5% o 6%, con un mercado de capitales más profundo y una menor informalidad entre quienes ingresan al mercado laboral.
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Estas comisiones tendrán alrededor de 270 días. El tiempo apremia. El éxito no debería medirse por la cantidad de páginas de sus informes, sino por cuántas recomendaciones terminan convertidas en normas y, sobre todo, en reformas implementadas.
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La institucionalidad también queda como una pregunta pendiente. El BCR mantiene credibilidad, pero esa fortaleza no necesariamente se replica en todas las entidades del Estado. Ninguna reforma puede sostenerse si las reglas cambian constantemente o las instituciones pierden capacidad técnica.
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Hay que darle al nuevo Gobierno el espacio para demostrar que puede hacer los cambios que el país necesita. Pero también hay que exigirle resultados.
El Perú ya conoce buena parte de sus problemas. El diagnóstico es necesario, pero esta vez debería ser apenas el punto de partida para decidir y ejecutar.
Víctor Melgarejo es director periodístico (e) de Gestión.








