“El MEF debe encarar los pasivos y riesgos fiscales que pesan sobre el erario”

La semana pasada, el diario Gestión inauguró una serie de mesas de análisis económicos que contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas (MEF). Esta primera edición de Diálogos trató sobre medidas para la reactivación económica y acciones para la sostenibilidad fiscal en el marco del pedido de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo al Congreso de la República. La coyuntura dominada por el aumento de la tasa de pobreza monetaria a niveles observados durante la pandemia y la reducción de la calificación crediticia soberana, pone el reflector sobre la capacidad del MEF para acelerar la recuperación económica y, al mismo tiempo, sanear las finanzas públicas tras un año recesivo. Recordemos que la recaudación tributaria cayó en más de S/10,000 millones y se incumplió la regla del déficit fiscal. A continuación, algunas reflexiones de este diálogo.

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En primer lugar, cualquier cambio tributario que se quiera adoptar para aumentar la recaudación no debe ser a costa de frenar la reactivación económica ni introducir incertidumbre jurídica que afecte las decisiones de gasto e inversión de las familias y empresas peruanas. Se habla de adecuaciones y perfeccionamientos a las normas tributarias, pero esto no debe significar aumentar la carga impositiva de los actuales contribuyentes que cumplen con la ley, sino de aquellos que la rehúyen. Uno de los factores que impide aumentar los ingresos tributarios permanentes es el elevado nivel de incumplimiento, y es ahí donde deben dirigirse los esfuerzos de la “reestructuración de Sunat” anunciada por el MEF. De hecho, la evasión del impuesto a la renta empresarial alcanza 40% y un tercio de los contribuyentes no pagan el Impuesto General a la Ventas (IGV).

La simplificación de los regímenes tributarios a la pequeña empresa es necesaria en tanto elimine los incentivos al “enanismo empresarial” por el cual las personas jurídicas prefieren mantenerse pequeñas para evitar entrar en un régimen de mayor carga impositiva. La recaudación que se logre no será significativa en el corto plazo, pero permitirá mayor eficiencia y, eventualmente, reducirá los bolsones de evasión. Lo importante es que no se implante una mayor carga impositiva que disuada una mayor formalización tributaria. Por su parte, si bien los cambios normativos para gravar con IGV los servicios de las plataformas digitales responden a una adecuación a las prácticas internacionales, y no hay razón objetiva para dejar de gravar servicios consumidos por residentes provistos por empresas no domiciliadas, es importante reconocer que la recaudación que se logre será muy limitada (0.01% del PBI).

De manera similar, es positiva la modernización del Tribunal Fiscal para reducir la carga procesal que enfrentan los contribuyentes en controversia con la Sunat, aunque ya en el pasado se intentó abrir salas especializadas por tipo de contribuyente y no se logró reducir los tiempos, que en sede administrativa pueden durar entre seis y ocho años. Si bien existe la contabilización de una potencial cobranza de deudas tributarias por S/28,000 millones, según cifras del MEF, más allá de cuánto se logre recaudar es importante encarar el tema de fondo, que es cómo reducir el grado de litigiosidad en materia tributaria. La judicialización de las controversias tributarias y los plazos excesivos para su resolución han hecho que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su razonabilidad y haya decidido congelar la acumulación de intereses moratorios por demoras no imputables al contribuyente. Es importante reconocer que el rendimiento tributario de este tipo de medidas no se verá en el corto plazo. En este sentido, no debemos olvidar que la medida más efectiva para sanear las cuentas públicas será acelerar la tasa de crecimiento del PBI. La elevada cotización del cobre sin duda también ayudará con este propósito.

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Además de aumentar los ingresos tributarios, el MEF debe encarar los pasivos y riesgos fiscales que pesan sobre el erario. La decisión de optar por una gestión privada de Petroperú para contener la sangría de recursos públicos dirigidos a compensar la iliquidez de la estatal resulta positiva. Sin embargo, esto demandará mucha voluntad política para lidiar con la resistencia al cambio de grandes intereses que se opondrán a mejorar el gobierno corporativo de la empresa y blindar su manejo del poder de sindicatos, por ejemplo. Esta contingencia no es la única que enfrenta el Tesoro. Solo las contingencias explícitas por controversias en temas de inversión suman 2.2% del PBI y los arbitrajes internacionales en contra del Estado se han triplicado en los últimos años.

La capacidad del MEF también será puesta a prueba para hacer efectivo un plan de racionalidad en el crecimiento del gasto público y contener la voracidad fiscal de un Congreso desbocado que aprueba iniciativas de gasto ante la permisividad y complacencia de un Gobierno débil. Como lo alerta el Consejo Fiscal, las presiones de gasto de iniciativas legislativas que crean mayores desembolsos públicos permanentes conspiran contra el saneamiento de las cuentas públicas y el cumplimiento de las reglas fiscales (incluso si estas se relajaran, como se pretendería). No solo está en juego la credibilidad del manejo de la política fiscal, sino está en riesgo preservar el grado de inversión, que es una de las únicas fortalezas que aún tiene el Gobierno. Lamentablemente, el pedido de facultades resulta insuficiente en tanto tengamos un MEF limitado por las restricciones políticas, hoy dominantes en nuestro país.