El mal sabor de las facultades pedidas por Francke

El Proyecto de Ley autoritativa para legislar en materia tributaria que ha presentado el Poder Ejecutivo al Congreso nos deja, en términos coloquiales, un mal sabor en la boca. De una lectura transversal del texto de la norma propuesta y de su exposición de motivos podemos concluir rápidamente que el MEF recurre a la conocida medida de ajustar más a los formales –a los que ya cumplen con pagar sus impuestos– con el fin de incrementar la caja fiscal.

No deja de sorprender que la norma proponga incrementar la carga tributaria de las personas naturales –en este contexto aún de pandemia y crisis económica–, aumentando las tasas del Impuesto a la Renta sobre los ingresos por alquileres, ganancias de capital e incluso sobre las rentas del trabajo dependiente e independiente. Sin perjuicio de no conocer aún de qué manera concreta se estructuraría esta reforma (el ministro Francke ha señalado que ello está aún en revisión), la pregunta de siempre subsiste: ¿cuándo se va a realizar una reforma tributaria que esté orientada a formalizar a aquellos que no pagan nada? Más aún, ¿tiene sentido una reforma tributaria que, por las características que se van anunciando, podría más bien orillar a las personas a entrar a la informalidad? Así, la solución podría ser peor que el problema, puesto que crearía los incentivos opuestos que se requieren para ampliar la base tributaria.

Somos conscientes de que es necesario incrementar la recaudación, pero consideramos que, a largo plazo, la reforma que se propone no contribuiría de forma efectiva a lograr ese objetivo. Hace falta, principalmente, impactar en la ciudadanía con una educación tributaria que lleve a las personas a reconocer su obligación de contribuir, pero también que les permita reconocer que el pago de sus impuestos contribuye a su bienestar y que se refleja en los servicios que reciben del Estado. En ese sentido, es indispensable que la reforma tributaria venga acompañada también de una reforma del Estado, ya que no siempre es cierto que el Estado no cumple con brindar servicios esenciales a la población por falta de recaudación tributaria.

Finalmente, no quisiéramos dejar de mencionar que las reformas tributarias deben ser aprobadas por el Congreso y solo por excepción por el Poder Ejecutivo. Este es un principio esencial en materia tributaria, puesto que el Congreso representa al pueblo, que es quien paga los tributos. Ya es costumbre que se otorgue facultades para legislar en materia tributaria cada nuevo gobierno, dejándose de lado los debates que deberían darse en el Congreso acerca de la conveniencia o no de las medidas propuestas, así como las votaciones correspondientes. En nuestra opinión, urge dejar de lado esta mala práctica para que las modificaciones tributarias –sean propuestas por el Ejecutivo o por los propios congresistas–, sean aprobadas en el Congreso, como debe ser.