Abogado
Definido el ganador de las elecciones y, constituido en el poder, junto con la agrupación política que lo postuló, nadie se preocupó en saber qué proponían en materia de “mejoras” a nuestro sistema de justicia y los derechos humanos. Era como el lado oscuro de la Luna: ahí estaba, pero no se podía ver. Pues, creo que llegó la hora de ponerle luz a la oscuridad y saber qué han propuesto. Lo que voy a resumir está en el plan de gobierno e ideario del partido político Perú Libre. Veamos.
Sobre el Poder Judicial:
1. Elección y revocatoria de altos magistrados por voto popular: Se ha propuesto que los jueces de la Corte Suprema deben pasar por un “filtro democrático”. ¿Qué significa esto? Que los jueces supremos deberán ser designados mediante “elección popular”. Para lograr ello, están proponiendo que los actuales jueces y los que vaya a designar la Junta Nacional de Justicia, sean revocados (léase destituidos), “cuando las condiciones así lo exijan, porque nadie puede estar eternamente en un poder del Estado”.
2. Suprimir privilegios económicos a los jueces: Consideran que los sueldos de los jueces son astronómicos y, por tanto, deben ser reducidos. Además de retirarles lo que describen como “privilegios”: vehículos lujosos, bonificaciones y personal de seguridad.
3. “Soberanía” de la justicia: Se afirma que el Estado jamás debe abdicar sus competencias ante los tribunales internacionales, porque estos están al servicio de las grandes potencias económicas y de los inversionistas transnacionales parcializados con el gran capital.
4. ¿Cómo lograr estas propuestas? Convocando a una asamblea constituyente para que redacte lo que denominan “una nueva Constitución de la democracia, elaborada por todas las voces y todas las sangres”; que reemplace a la “Constitución de la dictadura”.
Sobre los derechos humanos:
1. Se afirma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) imparte justicia a partir de la óptica e intereses de los Estados Unidos. Y, por tanto, es un instrumento de dominación geopolítica.
2. Si ello no fuese suficiente, se acusa a la Corte IDH y a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), como los encargados de calificar qué países cumplen con los estándares de su “democracia”, además de servir de pistones de presión contra los gobiernos de izquierda o progresistas.
Hace algunos años expuse en un congreso internacional de derecho y señalé que la libertad judicial (léase la independencia judicial como baluarte del estado de derecho) estaba en riesgo en Latinoamérica. Advertí de una epidemia ideológica, que tenía como núcleo ideologías totalitarias que estaban poniendo en riesgo la libertad y la conciencia de los jueces. Puse como ejemplos a Chavez en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Chavez arrasó con cualquier vestigio de independencia judicial, persiguiendo y encarcelando a todo juez que osara dictar decisiones en contra de sus designios. Hasta, finalmente, lograr en el 2009 que la presidenta del poder judicial de aquel entonces, en su discurso de instalación le dijera todos los jueces asistentes que, en caso de conflicto entre la revolución y la constitución, debía prevalecer la primera. Finalmente, Chavez excluyó a Venezuela de la jurisdicción de la Corte IDH, quedando los venezolanos sin protección a sus derechos humanos.
En el 2008, Correa que siguió el mismo guion logró la destitución de 31 jueces supremos. ¿Cómo lo hizo? Fácil. En su nueva constitución aprobada por referéndum se dispuso la destitución de todos los jueces de la corte suprema ecuatoriana. Así vía plebiscitaria, tomó el control de un poder del estado.
En el 2011, Evo Morales, convocó a “elección popular” para designar a los miembros del tribunal constitucional y de la corte suprema. Previo a ello, dictó la Ley No.003, en la que se aseguró de nombrar “de modo interino” a los miembros de esas cortes. ¡Todo el poder en manos de una sola persona!
Lo descrito se hizo “en nombre del pueblo”. ¿Les suena familiar el recetario totalitario?