Escribe: María Antonieta Merino, docente de la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima
En su esfuerzo por atender problemas cotidianos –como el tránsito, la seguridad o la calidad del espacio público–muchas municipalidades distritales adoptan medidas que, aunque bien intencionadas, exceden los límites legales de su competencia. Esta situación, más común de lo que se percibe, termina generando efectos negativos en la actividad económica, al imponer restricciones que no siempre están respaldadas por la normativa vigente.
Por ejemplo, la municipalidad distrital de Miraflores había establecido una estricta regulación sobre las zonas y horarios de carga y descarga para vehículos de distribución comercial. En La Victoria, se prohibió el estacionamiento de vehículos pesados en varias vías del Damero de Gamarra, una medida que si bien buscaba ordenar el espacio urbano, impactó directamente en la logística de comerciantes y proveedores. Ambos casos revelan una intención de ordenar el entorno urbano, pero lo hacen interviniendo en materias que solo competen a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Lo que estos casos revelan no es una falta de voluntad por parte de las autoridades locales, sino más bien una debilidad estructural en la coordinación entre niveles de gobierno. Tal vez en ausencia de una acción oportuna de la autoridad metropolitana, los gobiernos distritales se ven tentados a actuar, impulsados por la presión ciudadana o por la urgencia de resolver problemas cotidianos. Sin embargo, cuando estas acciones no se alinean con las competencias establecidas en la ley ni con las políticas de alcance metropolitano, pueden terminar generando incertidumbre regulatoria, sobrecostos para el sector privado e incluso dificultan la gobernanza urbana.
En un contexto donde la competitividad del país exige eliminar trabas y facilitar la actividad empresarial, promover una regulación coherente, legalmente habilitada y bien coordinada no es solo una tarea técnica, sino una responsabilidad compartida por todos los niveles de gobierno.
Esta discusión cobra aún más relevancia a la luz del reciente anuncio del MEF sobre un “shock desregulatorio”, que busca eliminar normas que constituyen barreras, simplificar trámites y propiciar la eficiencia en la gestión del Estado, para dar un impulso a las inversiones. Eliminar lo que genera una traba para las actividades económicas es un ejercicio saludable y necesario para dinamizar la economía, que finalmente nos favorece a todos.
Un elemento que puede ayudar a amplificar los resultados de esta medida es la coordinación institucional multinivel. Es momento de repensar los mecanismos de gobernanza regulatoria, es decir, cómo se articula la acción pública entre todos los niveles de gobierno. El país necesita una visión compartida y mecanismos ágiles de coordinación para abordar temas transversales como el transporte, el comercio, entre otros. Fortalecer al rector en materia regulatoria (Secretaría de Gestión Pública) y abrir canales más eficaces de diálogo técnico entre niveles de gobierno es indispensable para asegurar que las buenas intenciones se traduzcan en soluciones efectivas, no en nuevos obstáculos para el desarrollo del país.
