Durante décadas, las guerras en Oriente Medio fueron percibidas como crisis regionales cuyos efectos humanitarios y económicos afectaban sobre todo a los países directamente involucrados o vecinos inmediatos. Pero en un mundo globalizado, las crisis, y las guerras, ya no respetan fronteras y, así, el cierre prolongado del estrecho de Ormuz amenaza con generar efectos que podrían sentirse también en Perú y en toda América Latina.
Por el estrecho de Ormuz pasa aproximadamente una cuarta parte del petróleo transportado por vía marítima en el mundo y una parte esencial de los fertilizantes utilizados por la agricultura global. Desde el inicio del conflicto en febrero último, el tráfico marítimo cayó más del 90% y los precios energéticos reaccionaron de inmediato.
El petróleo más caro no solo afecta combustibles o transporte. También incrementa el costo de producir, procesar y distribuir alimentos. Y el aumento de los fertilizantes representa un riesgo aún mayor para países agrícolas.
Los fertilizantes son esenciales para sostener la productividad de cultivos básicos como maíz, arroz, trigo y hortalizas. El problema es que hoy no existen reservas estratégicas internacionales de fertilizantes capaces de compensar interrupciones prolongadas del comercio.
Perú tiene una exposición limitada a los riesgos asociados al Estrecho de Ormuz, ya que no depende significativamente de importaciones de petróleo, gas natural ni fertilizantes provenientes de esa región. Además, cuenta con producción nacional de gas natural y una matriz relativamente diversificada de proveedores. Sin embargo, los precios de la energía y de los fertilizantes se determinan en mercados internacionales, por lo que un aumento global derivado de tensiones en Ormuz sí podría afectar los costos internos, la inflación y la producción agrícola del país. Los precios globales ya están aumentando rápidamente. En algunos mercados, la urea ha subido más del 50% desde el inicio de la crisis. Eso significa mayores costes para agricultores y menor margen de rentabilidad, especialmente para pequeños productores.
Perú conoce bien la vulnerabilidad frente a choques externos. La inflación alimentaria y energética de los últimos años ya afectó de forma importante el poder adquisitivo de millones de hogares. Durante el trienio 2021-2023, más de la mitad de la población peruana sufrió inseguridad alimentaria moderada o grave. Una nueva escalada global podría generar presiones adicionales precisamente en un momento en que muchas economías todavía intentan consolidar su recuperación.
La situación podría agravarse aún más debido al riesgo climático. Las previsiones internacionales indican una creciente probabilidad de un fenómeno de El Niño particularmente fuerte hacia finales de este 2026.
Para Perú, El Niño no es una amenaza abstracta. Es una realidad históricamente asociada a inundaciones, daños a infraestructura, pérdidas agrícolas y alteraciones importantes en la producción pesquera y alimentaria. Los eventos de 1997-98 y otros episodios recientes dejaron impactos profundos en la economía y en las condiciones de vida de millones de personas.
Ahora las previsiones indican que el riesgo de sequía se está intensificando en los principales países productores, como India, Australia y el sudeste asiático, mientras que es probable que se produzcan inundaciones en algunas zonas de América y además varios factores podrían converger simultáneamente: fertilizantes más caros, energía más costosa, cadenas logísticas alteradas y posibles pérdidas de producción asociadas a El Niño.
La experiencia internacional demuestra que cuando los agricultores reducen el uso de fertilizantes debido a los precios elevados, las consecuencias aparecen meses después en forma de menores cosechas y aumento de precios alimentarios.
El desafío exige actuar antes de que la próxima campaña agrícola se vea afectada. Mantener abiertos los mercados internacionales, evitar restricciones comerciales, apoyar a los agricultores y fortalecer los sistemas de protección social serán medidas fundamentales.
Pero esta crisis también ofrece una lección estratégica. América Latina posee enormes capacidades agrícolas y energéticas. Invertir en resiliencia, producción sostenible, energías renovables y agricultura adaptada al clima será cada vez más importante en un mundo donde las crisis geopolíticas y climáticas pueden superponerse.
La seguridad alimentaria ya no depende únicamente de lo que ocurre dentro de las fronteras nacionales. Depende de la estabilidad de las rutas marítimas, del clima global y de la capacidad de los países para anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan en emergencias.
Máximo Torero es Economista Jefe de la FAO.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
