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Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
Uno de los problemas recurrentes que poseen las micro, pequeñas y medianas empresas es el acceso a financiamiento a corto plazo para capital de trabajo. No solo por las barreras que tienen al acceder a créditos en los bancos, sino también por los costos que tiene este segmento de empresas en comparación con las grandes. Mientras que la banca corporativa tiene tasas promedio para operaciones de 31 a 90 días de 1.07%, las medianas empresas pagan en promedio 7.53% y las pequeñas 19.13%, según información publicada en la web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
El año pasado, el Ejecutivo emitió diversos decretos con el objetivo de reactivar la economía y ayudar a las empresas afectadas por la crisis a causa del COVID-19. Uno de los más importantes, emitido en enero del 2020, es el referido al factoring porque es necesario para que las mipyme puedan obtener liquidez. El reglamento del mismo se publicó recientemente y la medida ya puede ser aplicada.
El Decreto de Urgencia N° 013-2020 permite que las facturas puedan ser negociadas ocho días después de emitidas. Además, otorga la calidad de título valor a las órdenes de compra emitidas por el Estado y amplía el número de empresas que pueden otorgar bienes en arrendamiento financiero. Esta decisión es una de las más importantes para la economía porque da capacidad de financiamiento a las mipyme, emprendimientos y startups. Con ello, el acceso de estas empresas al descuento de facturas se incrementará hasta en un 20 %.
Según datos del Registro Central de Valores y Liquidaciones (Cavali), en 2019 se financiaron 492,732 facturas en todo el sistema. Por ello, indicó que la nueva normativa permitiría que más de 900 mil facturas se negocien mediante este mecanismo. Esto se produciría debido a la incorporación de nuevas empresas y usuarios al factoring. Es importante saber que el año pasado se negociaron, bajo la modalidad de descuento de facturas, 13 mil millones de soles, atendiendo a más de seis mil pequeños y medianos proveedores.
La ley permite vincular la factura comercial con la factura negociable y, en un corto plazo, recibir la liquidez necesaria para seguir operando. Esto cobra vital importancia debido a que en la cadena de suministro de las grandes empresas y el Estado hay una serie de pequeños y medianos proveedores que no tienen las espaldas financieras para soportar los plazos de pago que en algunos casos pueden superar los 180 días. Los financiamientos convencionales de corto plazo por su elevado costo para este sector terminan diluyendo los márgenes y, por tanto, se afecta la continuidad del negocio. Además, según información de ASBANC, solo el 6 % de las mipyme accede a créditos en los bancos, por lo que tiene que acudir a cajas y otras modalidades de financiamiento con tasas más altas.
Poder descontar las facturas y convertir las órdenes de compra del Estado en un título valor que permita generar liquidez inmediata para financiar operaciones, genera un círculo virtuoso que permitirá la sostenibilidad de las actividades productivas, promoviendo el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, generando más empleo formal y por lo tanto el crecimiento de la economía.