Escribe: Leonie Roca, presidenta de AFIN
El Perú enfrenta un problema que todos conocemos: cada año iniciamos 13,000 proyectos de infraestructura y dejamos inconclusos 10,000. Esta estadística no es solo un dato técnico; es el retrato de un sistema que desperdicia recursos y perpetúa brechas de desarrollo.
LEA TAMBIÉN: Inversión extranjera y fuga de talento: la agenda pendiente del próximo gobierno
Los diagnósticos están escritos hasta el cansancio. Lo que urge ahora, de cara a un nuevo ciclo electoral, es discutir propuestas concretas para despegar y llevar bienestar real a la población. La rehabilitación o construcción de infraestructura requiere una secuencia lógica: planeamiento riguroso, presupuesto comprometido, ejecución oportuna y operación con mantenimiento. Sin embargo, en la práctica esta cadena se rompe constantemente.
La discrecionalidad burocrática reina en todos los niveles de gobierno, disfrazada de “objeciones técnicas” sin sustento sólido o de fundados temores al control de la Contraloría.
Carecemos de una planificación que organice las intervenciones, de un banco de proyectos bien hechos, con ingenierías completas y presupuestos realistas. Los proyectos no conversan entre sí: se construyen colegios donde no hay agua o puertos sin vías de acceso. La discrecionalidad burocrática reina en todos los niveles de gobierno, disfrazada de “objeciones técnicas” sin sustento sólido o de fundados temores al control de la Contraloría.
LEA TAMBIÉN: Renuncias, candidaturas y fuegos artificiales
Gabón lo hizo bien en 2010 contratando una firma estadounidense para orientar sus intervenciones en infraestructura. Otros países han creado autoridades técnicas autónomas contratando PMO de primer nivel, mecanismo que está disponible para el Estado peruano, sin necesidad de suscribir acuerdos entre gobiernos. No es imposible, requiere decisión política y consenso sobre algunas verdades incómodas, como que es fundamental enfrentar el tema del uso eficiente de los fondos municipales, regionales, el canon y Foncomún, para que el esfuerzo sea nacional y no una sumatoria descoordinada de iniciativas sin valor agregado.
LEA TAMBIÉN: Rally en la bolsa china: oportunidades, riesgos y lo que miran los inversionistas
Los cambios de gobierno congelan decisiones. Los funcionarios salientes temen aprobar, mientras los entrantes revisan todo “porque lo aprobó el anterior”. Existe una multiplicidad de discrecionalidades superpuestas: lo que aprueba el gobierno central lo traba el regional, lo que avanza en Lima lo detiene el municipio distrital.
LEA TAMBIÉN: Primero las personas, no la provisión pública
La solución pasa por decisiones estructurales: crear una instancia técnica y autónoma encargada del planeamiento y elaboración de ingenierías. Asignar recursos presupuestales a lo priorizado, comprometiendo el gasto sin dejarlo abierto a negociaciones políticas. Sacar proyectos al mercado solo después de tener ingeniería completa. Y comprometer recursos para operación y mantenimiento desde el inicio.
LEA TAMBIÉN: Inteligencia Artificial: la madre de todos los parches
Las trabas no son abstracción técnica. Seguimos sin concluir la longitudinal de la Sierra Tramo II, y el aeropuerto y los puertos no tienen conexiones con la ciudad. En La Chira, un alcalde distrital pudo retrasar un año una obra urgente de saneamiento y algo similar sucedió con la desaladora de San Bartolo.
LEA TAMBIÉN: ¿Estado low cost o no service? El debate sobre servicios públicos en el Perú
Es una agenda grande que requiere decisión, pero fundamental para garantizar que las brechas no sigan ahondándose. No es una cuestión técnica, es voluntad política y visión de país.
