Escribe: Luis Arias Minaya, economista y exjefe de la Sunat
La frase “tropezar dos veces con la misma piedra” se remonta al siglo II. El historiador Polibio ofrece en sus historias un pasaje en el que da consejo a su amigo Demetrio I Sóter, heredero del trono de Siria, que llevaba ya muchos años en Roma en calidad de rehén. El príncipe se había dirigido al senado romano solicitando su autorización para hacerse cargo del reino por la muerte de su padre, pero aquel, por motivos de estrategia política, se la había denegado. Recurre al amigo y le consulta sobre la conveniencia de repetir la petición o de preparar su fuga; es entonces cuando Polibio le exhorta a “no tropezar dos veces en la misma piedra”.
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La frase bien puede aplicarse a dos acontecimientos recientes de nuestras finanzas públicas. El primero, el caso de la construcción de la Nueva Refinería de Talara (NRT) y, el segundo, el caso del endeudamiento para obras de la Municipalidad de Lima.
En el primer caso la empresa pública Petroperú decidió en el año 2013 embarcarse en un proyecto de un costo inicial de $ 3,500 millones que equivalía a 3.5 veces su patrimonio sin tener el financiamiento. A la larga la NRT costó $ 6,500 millones, se financió principalmente emitiendo $ 3,000 millones en bonos soberanos y el Estado, o sea los contribuyentes, ha tenido que ir en rescate de la empresa. De este caso, traté en mi columna de hace dos años, en noviembre de 2022.
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En el segundo caso, la actual administración de la Municipalidad anunció a mediados del año 2023 un endeudamiento de hasta S/ 4,000 millones para proyectos de infraestructura de la ciudad. Hasta el momento se han realizado dos emisiones: la primera, en diciembre del 2023, por S/ 1,205 millones, y la segunda, en setiembre del 2024, por S/ 1,250 millones, totalizando S/ 2,455 millones. Se prevé una tercera emisión en el año 2025.
Existen varias razones por las que se considera que se trata de un sobreendeudamiento, es decir que la carga de la deuda contraída no se podrá pagar con los ingresos de la municipalidad o se comprometerá severamente la prestación de los servicios municipales y/o la ejecución de obras de infraestructura de más de una gestión municipal en el futuro.
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En primer lugar, los ingresos de la municipalidad de Lima son de alrededor de S/1,200 millones. El monto del endeudamiento equivale a más de tres veces sus ingresos. La regla fiscal para gobiernos locales establece que la deuda no debe exceder el 100% de sus ingresos. A la fecha la deuda ya supera el 200% y de completarse la emisión podría superar el 300%.
En segundo lugar, la deuda en bonos soberanos que se está contrayendo es cara. La primera emisión se colocó a una tasa de 10.1% y la segunda a una tasa ligeramente menor de 9.55%. En un ejercicio que asume que los bonos se pagan al vencimiento la carga de intereses ascendería a S/ 400 millones, lo que en los primeros años equivale a una carga financiera de más del 30% de los ingresos. El alcalde ha pretendido comparar la deuda de la Municipalidad con la deuda del Gobierno central para sustentar que no hay sobreendeudamiento. Su argumento es errado porque la carga financiera del Gobierno central no supera el 10% de los ingresos.
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En tercer lugar, como la Municipalidad de Lima no cuenta con la garantía del Tesoro Público para emitir bonos soberanos, ha creado un fideicomiso que administrará Credicorp Capital Sociedad Titulizadora para asegurar a los bonistas el pago de la deuda. Este fideicomiso está compuesto por la recaudación del impuesto de alcabala y del impuesto vehicular. Se trata de las “joyas de la corona” porque son los dos únicos tributos de base provincial con los que cuenta la municipalidad. La recaudación de estos dos tributos fue de S/ 443 millones y representa el 73% de los impuestos que recauda la municipalidad.
En cuarto lugar, a la Municipalidad de Lima solo le quedaría como ingresos disponibles permanentes el impuesto predial y los arbitrios que son de base distrital, los ingresos de transferencias del FONCOMUN y los ingresos de las multas de transporte, algo más de S/ 700 millones anuales con los que apenas cubre su gasto corriente. Es decir, de concretarse el total de la emisión, al menos las próximas dos gestiones municipales no tendrían dinero suficiente para realizar mantenimiento de la infraestructura actual o para realizar nuevas inversiones porque la mayor parte del dinero estaría comprometido para pagar los intereses de los bonos. Los intereses de la deuda cara sustituirán casi completamente los flujos de inversión de la municipalidad.
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En quinto lugar, los ingresos de la municipalidad muestran un comportamiento volátil dependiente del ciclo económico y de riesgos políticos. Cualquier disminución en la recaudación, que ya ha ocurrido, comprometería esta vez la prestación de servicios de la municipalidad: seguridad, limpieza, entre otros.
Finalmente, otro tema, tal vez el más importante de todos tiene que ver con la calidad, oportunidad y rentabilidad económica y social de los proyectos que se ejecutarán. Hay poca transparencia sobre los mismos. Por ejemplo, en el reciente caso de la ampliación de la Vía Expresa al Sur el expediente técnico no se encuentra listo y existen conflictos con la Municipalidad Distrital de Surco.
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Para concluir, Lima, la capital, necesita obras de infraestructura, existe un plan metropolitano para ello. Lo que no existe es un plan de financiamiento, con creación nuevas de fuentes de financiamiento municipal como hay en otras capitales metropolitanas. Su ausencia nos está llevando a aventuras de sobreendeudamiento caro y riesgoso como la descrita, es decir a tropezar dos veces con la misma piedra.
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