El derecho a la salud

El Perú es un país maravilloso, en el cual -a pesar de las sucesivas crisis políticas, la inoperancia gubernamental frente a la pandemia, los intentos de destruir la institucionalidad nacional, la violencia de grupos radicales y los fenómenos naturales- los peruanos no nos rendimos y le hacemos frente a la adversidad, saliendo a trabajar todos los días, velando por nuestras familias y procurando para ellas un mejor futuro.

Según las cifras del INEI, la gran mayoría de peruanos ha visto sus ingresos mejorar año a año, reduciendo la pobreza monetaria de casi 60% en el 2004 a 20% en el 2020.

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Sin embargo, al medir la pobreza multidimensional (Vivienda, Educación y Salud), vemos que aún mantenemos un inaceptable índice de pobreza cercano al 40%. Millones de compatriotas mantienen postergados sus derechos de acceso a agua potable y desagüe, con un insuficiente grado educativo y precario acceso a la salud. Todos estos derechos los ampara nuestra Constitución y son brechas que urge cerrar.

Quiero enfocarme en un aspecto de la salud, donde el empleador contrata en favor del trabajador y de su familia un seguro de salud universal a todo riesgo, pero con la particularidad que ni el trabajador ni el empleador pueden elegir a su aseguradora o empresa prestadora de salud.

Están capturados por el monopolio de Essalud, el cual a pesar de ser una empresa financiada exclusivamente por aportes empresariales, su gestión está a cargo del Ministerio de Trabajo, quien designa al omnipotente presidente del Directorio para administrar la institución. Con resultados inaceptables para el asegurado, tanto en la oportunidad como en la calidad de los servicios prestados.

Se requiere CAMBIOS profundos en la gestión de Essalud. Por eso, saludamos la iniciativa de congresistas representantes de siete bancadas, quienes proponen un proyecto de ley en torno a generar gobernanza en la institución. Entre otras, propone que el presidente ejecutivo sea elegido entre los nueve miembros del Directorio y que estos designen al gerente general; propone también una estructura organizativa clara con gestión eficiente de recursos y rendición de cuentas y así desincentiva la politización en su gestión.

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