Escribe: Carlos E. Paredes, Socio fundador de Intelfin Estudios y Consultoría
1. Hace pocos días, el Congreso de la República aprobó en primera votación el proyecto de ley que propone duplicar las utilidades que deberán repartir las empresas eléctricas (generadoras, transmisoras y distribuidoras) a los trabajadores, pasando de 5% al 10% en forma escalonada (1% por año, a partir del 2026). Esta ley incrementaría el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) de las empresas del sector eléctrico a un nivel por encima del que hoy rige en la minería (8%), la banca (5%) y en los hidrocarburos (5%).
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2. De esta forma, el Congreso incrementa arbitrariamente los costos laborales de las empresas eléctricas. Es un precedente nefasto que abre la puerta a futuras intervenciones del Parlamento en los costos de las empresas y su competitividad. ¿Por qué subirlo solo a 10% y no a 15% o 20%? Cualquier nivel es arbitrario y no tiene justificación. ¿Por qué no dejan que las remuneraciones se fijen en el mercado, sobre todo en un sector moderno, formal e intensivo en capital como el eléctrico?
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3. Además, esta es una ley que beneficia a relativamente pocos trabajadores (menos de siete mil) en desmedro de los más de treinta millones de usuarios del servicio eléctrico. Este reducido grupo de privilegiados que gana sueldos relativamente altos y ya percibe utilidades, va a ver incrementado sus ingresos por una nueva medida populista del Congreso. ¿Quiénes pagarán los platos rotos? No serán los accionistas de estas empresas, como seguramente creen los propulsores de esta iniciativa. Estos sobrecostos laborales serán trasladados tarde o temprano –como sucede siempre en los mercados competitivos– a los precios de la electricidad. De manera que todos pagaremos en nuestros recibos de luz el afán populista de los supuestos padres y madres de la patria.
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4. Cabe señalar que muchos de estos trabajadores privilegiados ya reciben utilidades hasta el tope de 18 sueldos por año que establece la ley. El exceso por encima de este tope debe alimentar un fondo de capacitación, según lo establece el DL 892 y su reglamento. Por ejemplo, en el año 2024 Electroperú obtuvo una utilidad de S/. 585.4 millones y solo con el 5% de la PTU se repartieron casi S/. 30 millones entre 278 trabajadores, con lo cual se alcanzó el tope de 18 sueldos por trabajador. En consecuencia, esta ley ni siquiera los favorecerá, pues todo lo que la nueva ley pretende repartir adicionalmente se irá directamente a alimentar al fondo de capacitación. Se trata de una pifiada comparable a la del recordado “Cóndor” Mendoza.
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5. Es importante enfatizar que la norma en cuestión desincentiva la inversión al reducir las utilidades esperadas de los inversionistas. Claramente, va en contra del espíritu pro-inversión de la actual gestión del MEF. En el caso de las 23 regiones atendidas por empresas estatales de distribución eléctrica, esta ley tendrá un impacto económico negativo sobre ellas ya que, por cada millón de utilidades adicionales a repartir a los trabajadores, las empresas contarán con un millón menos para invertir en mejorar la deficiente calidad del servicio que brindan o para para ampliar la cobertura del servicio eléctrico.
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6. Por otro lado, este proyecto de ley también modifica la manera cómo se distribuyen las utilidades entre los trabajadores. Hasta hoy, se reparte 50% en función a los días trabajados y 50% en función a las remuneraciones. Ahora, se propone subir a 75% el reparto por días trabajados y solo el 25% por remuneraciones. Puede sonar muy “redistributivo” o “progre”, pero claramente colisiona con los principios del mercado y la meritocracia. Los ingresos que reciben los trabajadores de cualquier industria deben basarse en criterios de productividad –como reza la teoría económica– y no determinarse arbitrariamente por un grupo de políticos. Otra vez, populismo barato.
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7. Esta ley debería revisarse para ser definitivamente archivada en segunda votación. Ello, por razones económicas y, en particular, por su impacto negativo sobre los estados financieros de las empresas eléctricas – particularmente las estatales que operan en las regiones fuera de Lima. Supongo que en el mundo de la banca y de los hidrocarburos muchos deben estar nerviosos, pues de aprobarse este despropósito, seguramente ellos serán los siguientes en la fila. ¡Paremos esta escalada populista que tanto daño le hace al país!
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8. Este proyecto de ley es tan malo que ni siquiera contó con el apoyo del Ministerio de Trabajo del periodo de desgobierno de Pedro Castillo, el cual consideró que la propuesta era inviable en sendos informes emitidos en el año 2022.
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9. Finalmente, llama la atención que esta ley haya contado con los votos de muchos congresistas supuestamente “defensores del modelo económico”, basado en la iniciativa privada y la libertad de los mercados. El cabildeo de los promotores de este esperpento económico (a cambio de Dios sabe qué favores) para convencer a varios colegas del otro extremo del espectro político, muestra lo frágil que es el muro de contención del actual y debilitado modelo económico.
