Escribe: Omar Mariluz, director periodístico de Gestión.
El Congreso peruano, una vez más, nos demuestra que la justicia solo aplica para los ciudadanos de a pie y nunca para sus integrantes. La reciente decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por María Acuña, de archivar la denuncia constitucional contra Rosío Torres, ambas de Alianza Para el Progreso (APP) es el reflejo de un sistema que no solo protege, sino que premia la corrupción. Testimonios de trabajadores de su despacho, capturas de chats y evidencias contundentes fueron descartadas con un simple gesto de blindaje político. Lo grave es que esto no es un caso aislado, sino parte de una constante dentro del Parlamento.
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Torres no es la primera ni será la última congresista en ser denunciada por “mochar” sueldos. De hecho, este Congreso ostenta el récord de tener el mayor número de legisladores acusados de quedarse con parte de los sueldos de sus trabajadores (al menos 11). Sin embargo, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿Cuántos de ellos han sido desaforados del Parlamento? La respuesta es tan evidente como indignante: ninguno. Al contrario, los casos se diluyen entre comisiones dominadas por partidos cómplices de la impunidad.
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El blindaje a Torres es solo una muestra más del modus operandi de este Congreso. Y si el tema fuera solo la corrupción administrativa, podría ser indignante pero no alarmante. Sin embargo, lo que vemos es a una representación parlamentaria que también protege a acusados de delitos sexuales.
La semana pasada la Comisión de Ética que preside Alex Paredes, blindó descaradamente al congresista José Jerí, de Somos Perú, de ser denunciado de oficio por el caso de presunta violación sexual contra una joven de 31 años. Esto es tan indignante como cuando el Parlamento en una primera votación casi blinda al hoy sentenciado por violación sexual Freddy Diaz, curiosamente también de APP.
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Ahora bien, el cinismo del blindaje parlamentario alcanza niveles grotescos cuando nos enteramos de que este mismo Congreso, el que protege a mochasueldos y a violadores, tendrá que investigar una presunta red de prostitución vinculada a APP, el partido que preside el Parlamento. ¿Podemos esperar una investigación seria y objetiva? Siendo realistas, todo apunta a que el desenlace será el mismo de siempre: dilatar, encubrir y finalmente archivar.
La descomposición moral del Congreso no es un accidente ni una coincidencia. Es el resultado de una estructura que prioriza los intereses partidarios sobre la justicia y la decencia. La pregunta que queda es: ¿hasta cuándo lo permitiremos? Porque mientras el pueblo siga tolerando que los mismos de siempre se repartan el poder con absoluta impunidad, la crisis moral y política del país solo se profundizará.
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Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
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